La Legislatura bonaerense sancionó el Presupuesto 2018 y la Ley Impositiva que envió el gobierno de María Eugenia Vidal, que prevé gastos por 630.000 millones de pesos, una autorización de endeudamiento por 85.000 millones, un aumento del 50% en el Inmobiliario urbano y Rural, y bajas en el impuesto a los Ingresos Brutos y Sellos.
El veloz tratamiento en ambas cámaras – primero en Diputados y después en Senado – fue fruto de las febriles negociaciones que los operadores de Cambiemos y la propia Vidal encararon con intendentes del PJ, el diputado Sergio Massa y referentes del GEN de Margarita Stolbizer.
A diferencia de la votación del año pasado, en la que el peronismo en sus diferentes vertientes logró unificar criterios para que se incluya en el presupuesto un Fondo de Infraestructura Municipal, la derrota electoral de octubre pasado provocó ahora la votación dividida en dos de las tres bancadas del justicialismo.
También se votó el proyecto de ley que presentaron el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, por un lado, y el vicegobernador Daniel Salvador, por otro, que fija un nuevo tope al gasto legislativo de 1,2 % respecto del Presupuesto General provincial en procura de lograr un ahorro de 2.500 millones de pesos.
El otro gran logro del gobierno de Vidal es la sanción del Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal, que tiene por objetivo que todas las municipalidades de la provincia mantengan constante el gasto corriente primario en términos reales, a cambio de obtener la autorización para contraer deuda. Para hacerse efectiva, la ley deberá ser refrendada por los Concejos Deliberantes.
El proyecto fue resistido por un sector del justicialismo, que también se oponía a la aprobación del presupuesto provincial y que hizo un último intento por frenarlo cuando unos 20 intendentes, entre ellos la de La Matanza, Verónica Magario, se acercaron a la Legislatura provincial.
