Cada tanto, la tentación de las re-reelecciones se impone en el primer renglón de la agenda política. Esta vez, ocurre en escala comunal y en la provincia de Buenos Aires. Alcanza para exhibir el repetido recurso de sus interesados: enredar todo en una discusión técnica, de grises legales, y eludir la cuestión de fondo, que es el límite al ejercicio del poder en continuado. El espíritu de la ley provincial ahora modificada era sencillo: evitar tres mandatos consecutivos de los jefes municipales y otros cargos electivos. Una falla en la reglamentación y otras consideraciones menores sirvieron de base para poner en discusión el tema.
Todo en un marco de fisuras internas en los dos principales espacios políticos. Una señal de fuerte desconexión con la realidad, porque ocurre al final de otro año desgastante en materia social y económica, a un mes y medio de las últimas elecciones y cuando falta mucho para la disputa de 2023.
Los intendentes del peronismo -en especial, los del GBA- jugaron fuerte después de la derrota en las PASO y se adjudican la mejora del resultado, que de todos modos terminó en derrota del oficialismo. De inmediato, y tal como habían anticipado sus interlocutores en plena crisis posterior a las Primarias, reclamaron el respaldo interno inmediato que les garantizara manejo de territorio.
Ya habían movido fichas con las designaciones de muchos de ellos en cargos nacionales o provinciales, con el fin explícito de eludir la ley de 2016, sancionada con impulso de María Eugenia Vidal y apoyo activo de Sergio Massa. Existía un gris en la reglamentación, que habilitaba una nueva candidatura si habían cumplido menos de la mitad de uno de los dos mandatos. Existía la posibilidad de seguir el camino judicial, pero más claro y seguro era una nueva ley.
El oficialismo resolvió su ecuación interna en velocidad. Más que el respaldo de Alberto Fernández -lo tenían desde un año antes-, importaba la discusión con el poder K en la Provincia. La idea de las re-reelecciones no atraía a Axel Kicillof y sobre todo era rechazada en silencio por La Cámpora, que en su imaginario anota la disputa de espacios territoriales. Allanado ese camino, sólo quedaba la incomodidad del massismo. Se opuso, aunque no trabó el trámite legislativo. Algo parecido hicieron integrantes de JxC. Y hasta hubo divisiones en el espacio liberal.
La principal oposición llegó dividida a esta instancia, aunque la mayoría respaldó la estrategia de avanzar con un proyecto que reconsidera la norma legal en cuestión. Vidal y su espacio se opusieron. Con poco peso propio lo hizo la CC. Y en el radicalismo también hubo cruces. Pero resultó mayoritaria la posición según la cual, con esta nueva ley, se pone fin al atajo de la renuncia antes de cumplir dos años de gestión para ganarse la chance de la re-reelección.
Hay al menos dos criterios manejados por quienes de diferente modo abrieron las puertas a los deseos de decenas de intendentes.
Existe una concepción que ni siquiera intenta la justificación en el remiendo legal. Dice, en forma de pregunta: ¿por qué no permitir a la gente reelegir a un intendente -o gobernante en general- si lo quiere? Es lo que les transmitió el Presidente a varios intendentes bonaerenses del PJ al expresar su primer respaldo a la ofensiva coronada ayer.
Esa concepción desconoce dos cuestiones. Una es práctica: el peso de las estructuras de poder local y su efecto clientelar. Y otra es de fondo, el sentido de las normas para limitar tendencias personalistas y autoritarias, y equilibrar el ejercicio del poder.
