A una semana del desalojo del asentamiento en el predio de Guernica, en Presidente Perón, la coordinadora nacional de Barrios de Pie, Silvia Saravia, evaluó que “se perdió la oportunidad de solucionarlo de forma pacífica”, y contó a Guía de Noticias que siente “bronca, decepción y tristeza” por la decisión del gobierno provincial de cortar el diálogo.
“No sólo por la respuesta, sino el alarde posterior que hizo Sergio Berni, que fue cínico”, remarcó. Y recordó que en el desalojo “los gases que tiraron fueron infernales, hubo golpes; dicen que no fue represión, no sé cuál es el concepto que tienen de represión”. A partir de ese momento, algunas personas fueron a otros asentamientos, a casa de familiares y otras, a paradores, donde no permiten salir por el Covid – 19.
En un repaso del conflicto, Saravia mencionó que “costó bastante llegar a algunos puntos de acuerdo; por ejemplo, la cantidad de familias que continuaban aún en el predio, cuál era la alternativa para el traslado”. De hecho, Barrios de Pie propuso la urbanización del predio, basada en la ley 14449, propuesta que fue desestimada tanto por la Justicia como por el municipio. Al desalojo lo precedieron asambleas para tratar una propuesta de relocalización transitoria en la zona, sin embargo al momento de firmar el acta con el gobierno, el ministro Andrés Larroque desestimó un acuerdo.
El asentamiento tuvo varias etapas. “En un primer censo, que hizo la Fiscalía, relevaron 600 familias y terminaron imputadas en la causa. Otro relevamiento realizado por la mesa interministerial arrojó 1900”. Con ese panorama, según indicó la dirigente, “Provincia empezó a contactarlas para que se vayan del predio y les ofrecían un subsidio”; denunció asimismo que aparte “se les planteó firmar un acta auto incriminándose y fueron a las casas de familiares con patrulleros para amedrentarlos”. Finalmente habrían firmado 600 familias.
Después de la segunda prórroga del desalojo la discusión giró en torno a esas más de 1300 familias – hubo gente que volvió -. “Propusimos que intervengan veedores, así convocaron a Cels y Serpaj, que constataron que había 1450 familias y 4500 personas. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad aceptó ese número, que plasmó en un acta”. Luego se cortaron las conversaciones con los representantes sociales.
“Creemos que fue una decisión política”, indicó Saravia a este portal, y dijo que “todas las explicaciones nos parecieron excusas. La resolución del conflicto tenía que ser de esa manera, como una forma de disciplinamiento. Esperábamos otra actitud del gobierno de (Axel) Kicillof”.
Por otro lado, sostuvo, “no estamos de acuerdo con los subsidios” y “todo el dinero tiene que destinarse a adquirir tierras para que la gente tenga su lote y lo pague en cuotas accesibles”. “Hay que comenzar a dar una respuesta de fondo y no seguir repartiendo subsidios que no resuelven nada”, concluyó.
