Por Elisa Rossi
No deberíamos quedarnos sólo con la idea que fue un milagro que no hubo víctimas en el desmoronamiento del edificio en construcción de Sáenz Peña: que menos mal fue de madrugada y no estaba habitado todavía, que por suerte nadie pasaba por la vereda ni la colectora de General Paz. No. Desde las autoridades pertinentes para abajo tendríamos que tomar este episodio como un punto de inflexión que grafica un estado de situación. Y avanzar con las acciones necesarias para penar por un lado y por el otro, establecer controles más rigurosos sin dilaciones.
Desde el municipio de Tres de Febrero llegó la primera respuesta. Decidió en forma preventiva suspender al profesional responsable y actuante en la obra, Jorge Luis Álvarez, hasta tanto se pueda “dilucidar y considerar, analizados la totalidad de los antecedentes administrativos existentes, las responsabilidad que pudiera caber a cada uno de los actores involucrados, sin que ello signifique emitir opinión definitiva sobre el fondo de la cuestión en estudio”.
Adicionalmente, el intendente Diego Valenzuela dispuso que los organismos pertinentes, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Económico, inicien inspecciones adicionales y preventivas en todas las obras desarrolladas por la Constructora Creole SRL y otras asociadas, y también en los proyectos en marcha que haya firmado el arquitecto Álvarez.
En las últimas horas apareció más data, de esa que retrotrae a la gestión de Curto. Resulta ser que el arquitecto Álvarez era asesor del área de Obras Particulares, casualmente, en esa época arrancó un boom inmobiliario que lo contaba como uno de los beneficiados. Todo por fuera de la reglamentación vigente y sin medir de forma seria el impacto ambiental, en varios barrios del distrito. De hecho, su cercanía con el curtismo parece intacta, ya que formó parte de una reunión la semana pasada que el precandidato del Frente de Todos Juan Debandi mantuvo con desarrolladores inmobiliarios.
Quienes conocimos (algo aunque sea) el funcionamiento hasta 2015 de la Secretaría de Obras y Servicio Públicos, y en este caso de Obras Particulares, podemos sospechar que es necesario ir más allá de una auditoria; la vía judicial podría ser una buena decisión para un gobierno que debería sanear definitivamente y para los vecinos, que sufren siempre la implementación de políticas equivocadas.
Hace varios meses, el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante, entre otros actores, elaboran un nuevo Código de Ordenamiento Urbano para Tres de Febrero. Con idas y vueltas. Quedó comprobado que deben agilizar los tiempos.
