En la primera sesión extraordinaria del año, el Concejo Deliberante de Tres de Febrero adhirió a la llamada Ley de Responsabilidad Fiscal. La norma establece un límite de endeudamiento de hasta el 10% de los recursos, la imposibilidad de incorporar personal en los últimos seis meses de gobierno y pautas de transparencia presupuestaria, entre otras medidas.
El gobierno de Diego Valenzuela se alineó inmediatamente al nuevo esquema que surgió del Pacto Fiscal a nivel federal y con la reforma que sancionó la administración de María Eugenia Vidal. Por eso, durante el verano redujo el organigrama achicando 20 cargos políticos. Sin embargo, como muchos Concejos Deliberantes ya ratificaron la adhesión, el intendente macrista apuró el tratamiento en un llamado fuera de calendario ordinario.
Entonces, el expediente se debatió sobre tablas, sin pasar por comisión, y resultó aprobado con los dos tercios necesarios. Por la afirmativa se expresaron los 10 votos macristas, 2 del Frente Renovador (Martín Jofré y Sandra Lizarraga), el progresista Federico Ferreyra y el bloque Por la Unión de Gustavo Spalletti. Y el PJ – FpV optó por la abstención. Los ausentes fueron Jimena Bondaruk (FR), Daniel Pietrantonio (Por la Unión) y el curtista Agustín Ciorciari.
Patricia Rodríguez, presidente del bloque Cambiemos, advirtió a Guía de Noticias que la Responsabilidad Fiscal implica un cambio de paradigma. “El índice de reparto de coparticipación a nivel municipal empieza a aplicar un criterio de eficiencia. Se exige más documentación a cada distrito y que la información presupuestaria esté pública”. “Por ejemplo, que los Concejos Deliberantes publiquen su ejecución presupuestaria trimestralmente”, añadió.
“Esto es algo que nos venía exigiendo nuestra oposición. Aunque cuando eran gobierno en 24 años no nos habían dado ni un papelito, de todos modos está bien que lo hayan reclamado”, fustigó Rodríguez. Y agregó que “muchos de los municipios que gobierna el FpV necesitaron adherir a la modificación de la ley”. “Cualquier color político al ser gobierno sabe de la necesidad de estar en sintonía con la política nacional y provincial”, consideró.
La edil oficialista informó que mientras el promedio de empleados municipales en el resto de la provincia es de 13 cada mil habitantes, en el distrito comandado por Valenzuela es de 8 cada mil, apenas por encima de la gestión Curto. Este dato coincide con el que manejan en el kirchnerismo local.
Por su parte, Máximo Rodríguez, presidente del bloque, fundamentó la abstención del PJ- FpV en que “se trató de forma acelerada, sin pasar por la comisión, y vulnera la autonomía municipal”. Y tampoco está de acuerdo en que este sea un paso hacia la transparencia. “Si la propia ley actual ya pide medidas de transparencia y no las cumplen, ¿por qué sería distinto ahora?”, desconfió el kirchnerista. “Nos deberían proveer la información por medio del RAFAM a todos los concejales y no lo hacen”.
CÓMO REPERCUTE EN LOS VECINOS
Patricia Rodríguez defendió que se aplique a los Estados municipales un criterio de eficiencia, a la que definió como “lo que hacés con cada peso que aportas al municipio”. Y por eso rechazó que la Responsabilidad Fiscal signifique una reducción de los servicios que reciben los vecinos.
“Implica usar la misma cantidad de recursos de la mejor manera. Ahora tenemos ambulancias y móviles propios, ampliamos la base del COM, mientras que en otras áreas se redujo personal pero muy poco”.
“Hay que hacer lo necesario para que la gente esté bien por encima de las cuentas”, reclamó Máximo Rodríguez. Y denunció ante este medio que el nuevo esquema de austeridad “va a repercutir en un aumento de las tasas que ya supera el tope de 19% votado en diciembre. Ya le pasa a la gente común en sus viviendas y le va pasar a los que tienen industrias y comercios”.
