La última sesión especial de San Isidro expuso la nueva relación de fuerzas en el Concejo Deliberante y la mayor autonomía de ese Cuerpo respecto del intendente Gustavo Posse. En el primer encuentro deliberativo del año fue tratado un proyecto de adhesión a las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios y agentes del sector público. La iniciativa parte del Ejecutivo para alinearse con el gobierno de Vidal.
Pero, al argumentar “falta de consensos” y al pedir que “se enriquezca la propuesta”, el presidente del HCD, Carlos Castellano, y el edil radical Carlos Juncos rompieron la disciplina del interbloque Cambiemos, inclinaron la balanza y votaron que el expediente pase a comisión, en sintonía con los espacios opositores. Castellano se sentó en la banca para fundamentar su voto. “Creo que debe formar parte de consensos. Nadie es dueño de la verdad ni de la honestidad”, mencionó.
Manuel Abella Nazar, titular del bloque Con Vocación, dirigió sus dardos al DE. “Si bien la adhesión a la ley provincial es un paso adelante, creemos que aprobarla a las apuradas, sin despacho de comisión, sólo puede responder al oportunismo político”. Y propuso que el proyecto pase a comisión para “crear un proyecto más ambicioso y consensuado”. Estas palabras tuvieron eco en el resto de las bancadas de la oposición, que pidieron agregar una autoridad de aplicación independiente y sanciones para el incumplimiento, entre otras modificaciones.
No alcanzó en el possismo la intervención de Andrés Rolón, quien argumentó que “la transparencia debe dejar de ser un eslogan para hacerse realidad”, al reclamar su inmediata aprobación. El pase a comisión fue avalado por 14 votos a 10. Entre los que pretendían que se apruebe la iniciativa de Posse sobre tablas estuvieron los tres ediles del PRO.
Reforzó la idea el oficialista Pablo Fontanet. “Qué pena que los que se reivindican como Cambiemos voten en contra de un proyecto de la gobernadora María Eugenia Vidal”, se lamentó.
“Presentar las declaraciones juradas es una demanda de la sociedad respecto a la transparencia en los actos de gobierno. Fue una sorpresa que estos concejales que han hecho de la palabra transparencia su bandera de campaña, ahora dilaten este proyecto. Se perdió una oportunidad importante para darle una buena señal a la sociedad”, señaló.
Posteriormente, Unidad Ciudadana difundió una gacetilla para dejar sentada su posición. La presidenta del bloque, Fernanda Miño, explicó: “Los concejales ya presentan sus declaraciones juradas según el artículo 2º del Reglamento Interno y nuestro bloque no fue una excepción. Ahora queda reglamentar la presentación de Declaraciones Juradas para todas las dependencias”.
Aclaró que “el proyecto que presentó el Departamento Ejecutivo no contempla a la totalidad de funcionarios, y queriendo aprobarla de manera express como si existiera cierta urgencia es que buscan pasar una Ordenanza a medida de ellos para mantener entramados poco transparentes”.
HOMENAJES POR EL DÍA DE LA MEMORIA
El bloque Partido Justicialista presentó un proyecto de Decreto para institucionalizar la conmemoración del Día Nacional de la Memoria cada año, que fue aprobado por unanimidad. Carlos Castellano, al adherir a la conmemoración reclamó, “construir un futuro de mucho fortalecimiento republicano. Que la democracia no sea una cáscara vacía”.
Desde Unidad Ciudadana, Marcos Cianni sostuvo que la pasada dictadura fue también un “régimen civil porque también los civiles participaron del genocidio. Y fue un régimen económico que beneficiaba a unas mil familias y excluía a las mayorías de la población”.
Pero el punto más polémico fue cuando señaló que “muchos miembros de los actuales gobiernos nacional y provincial tuvieron vinculación con la dictadura cívico militar. Felix Peña, padre del actual jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue el segundo de la Cancillería. Oscar Aguad, ministro de Defensa, fue delator de las comisiones internas fabriles”, enumeró, entre varias acusaciones.
A su turno, Martín Lutufyan, de Con Vocación por San Isidro, consideró que “la dictadura de 1976 ensayó la solución final en cuanto a la toma del poder por las armas”. Pero agradeció “a la generación anterior a la mía, a la de mis padres, que nos hayan legado una democracia republicana, que es el más grande consenso que hemos logrado”.
Rolón, de espacio Acción Vecinal-Cambiemos, condenó el terrorismo de Estado, pero sugirió que “nuestra sociedad todavía se debe un amplio debate al respecto”. Así, el edil possista aseguró que “desde los años ‘60 la violencia política venía creciendo y fue el justificativo para la represión. Y uno de los líderes de los movimientos revolucionarios sostuvo que no hicieron nada para impedir la dictadura porque era necesaria para resolver el conflicto”.
También criticó los vaivenes históricos en las políticas de derechos humanos. En este sentido, rechazó la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, “porque esto no conforma un estado de derecho”. “El combate y la grieta no son soluciones”, concluyó.
Juan Ottavis, del Partido Justicialista, respondió que “la grieta no empezó hace 40 años, sino cuando Dorrego fue fusilado. O cuando el general Pedro Aramburu y el almirante Isaac Rojas bombardearon la Plaza de Mayo. Hay una grieta profunda de 200 años”. Luego se consideró “un hijo de la democracia que reivindica lo que resistieron los militantes en los ‘70 desde la clandestinidad, el rol de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, a los militantes de la democracia”. Y revalorizó “al presidente Néstor Kirchner, que continuó la obra de Alfonsín y pidió perdón en nombre del Estado por el genocidio y el terrorismo”.
