Al cabo de larga pulseada y traduciendo el resultado que se anticipaba desde la tarde, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto para limitar el aumento de tarifas de los servicios públicos apoyado por la oposición. La iniciativa recibió 133 votos afirmativos, 94 negativos y 3 abstenciones.
Con el regreso al FMI como telón de fondo y movilizaciones en la puerta del Congreso, se descontaba que la oposición conseguiría una clara victoria en una votación que debe leerse como una derrota parlamentaria para el Gobierno, sumido además en un complejo frente cambiario. De nada sirvieron los esfuerzos de los operadores del oficialismo, sobre todo con los gobernadores, para que se incrementara el nivel de abstenciones, estrategia que a la luz del resultado fue tan estéril como decepcionante.
El Gobierno ya anunció que si el proyecto que consiguió media sanción en la Cámara Baja se traduce finalmente en ley, optará por el veto, pagando el inevitable costo político, pero imperioso a la luz de los miles de millones de dólares que implicarían como poda presupuestaria los nuevos lineamientos pautados por la oposición.
Los distintos bloques en que se divide el peronismo y otros bloques menores cerraron filas detrás de una iniciativa que propone retrotraer los valores de las tarifas a noviembre del año pasado, y que impide que las eventuales alzas sean superiores a la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) en el caso de los usuarios residenciales, y al Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado por el INDEC para Pymes y cooperativas de trabajo.
