La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) se sentará este lunes a discutir la paritaria con los representantes del Estado bonaerense. El secretario General del gremio, Pablo Abramovich, adelantó a Guía de Noticias que buscarán al menos un 25% de aumento en una cuota, con cláusula gatillo, pero avisó que rechazarán “el 15% que se ofreció a los docentes en cuotas y sin cláusula”.
“La pauta de inflación que planteó el gobierno nacional en diciembre está totalmente desactualizada”, apuntó. “Hay consultoras económicas que plantean desde un 25% hasta un 30%. Por lo cual, no sólo se torna razonable un incremento del 25%, sino también la cláusula gatillo, que es la única herramienta que garantiza mantener el poder adquisitivo de los salarios”.
La gestión de María Eugenia Vidal accedió a la ronda de negociaciones tras una medida interpuesta por el sindicato ante un tribunal de Trabajo en La Plata. “La negociación empieza dos meses y medio tarde. Estaba prevista para principios de marzo y en estos dos meses y medio el Gobierno se negó a convocarla. Ni siquiera en esta instancia fue por una decisión voluntaria del Gobierno”, se quejó.
Desde marzo, la AJB lleva adelante un plan de lucha y la semana que terminó realizó su cuarto paro en coincidencia con el Frente de Unidad Docente, con el cual movilizaron hacia la Ciudad de Buenos Aires. De no haber una propuesta superadora del 15%, Abramovich afirmó que en las bases ya se preparan para profundizar las acciones de fuerza, en coordinación con los gremios estatales y de profesionales de la salud.
CONDICIONES DE TRABAJO “PRECARIAS”
El referente de los judiciales denunció que “nuestras condiciones de trabajo son tan precarias como la de los otros sectores del Estado”. “La realidad de colapso que se vive en las escuelas y en los hospitales públicos se ve en los edificios de tribunales”, cuestión que atribuye a la carencia de presupuesto. “El dato concreto es que el Poder Judicial llegó a tener en su mejor momento una participación del 7% del presupuesto provincial, hoy está en el 4,6%. Fue por un proceso decreciente durante el gobierno de Scioli, profundizado en el tiempo de Vidal”, precisó.
La solución para el gremialista sanmartinense se centra en incrementar el personal para el Poder Judicial. “Tenemos alrededor de 25 mil agentes, pero se necesitaría tener unos cuantos miles más para atender la demanda creciente de juicios y de investigaciones penales”, apuntó. Y reveló que muchos trabajadores de la Justicia deben hacer jornadas de hasta 9 horas o trabajar fines de semana para responder a la gran demanda.
JUSTICIA “SUBORDINADA A LA POLÍTICA”
Por otro lado, para la AJB el proyecto de reforma judicial que impulsa el ministro Gustavo Ferrari “tiene un componente muy fuerte de campaña publicitaria y se plantean elementos regresivos”. En cuanto al procedimiento laboral, Abramovich observó que si la creación de cámaras de ese fuero no obtiene recursos suficientes sólo se perjudicarán los trabajadores. “Los procesos laborales se van a extender dos o tres años más, perjudicando a los más débiles”. Y denunció que las nuevas cámaras laborales se crearían para fallar en contra de los denunciantes.
Un punto polémico es la reforma de la ley de procedimiento penal llamada “ley de protección a la víctima”, fuertemente reclamada por sectores de la ciudadanía. “Es una modificación que busca darle importancia a la víctima, pero sostiene que ésta tendrá la posibilidad de incidir en el procedimiento actuando con independencia de los fiscales”. Pero, como no le brinda recursos, el sindicalista señaló que “sólo los que cuenten con dinero podrán pagar un abogado y el resto dependerá de los fiscales. Las causas de estos últimos van a ir mucho más lentas”. “Esto privatiza el impulso de la acción penal”, remarcó.
En este contexto, reclamó que los Centros de Asistencia a la Víctima vuelvan a ser jerarquizados para cumplir con su objetivo.
Por último, apuntó contra la falta de independencia. “La Justicia de la provincia de Buenos Aires es absolutamente dependiente del poder político por el propio sistema constitucional que existe. El oficialismo acuerda con la oposición y deciden qué magistrados tenemos. El nivel de los magistrados tiene que ver con una decisión política y no de mérito”. Al contrario, Abramovich sugiere un sistema de designación de magistrados por mérito y que incluya participación de la sociedad.
