El proyecto del Parque Público del Puerto de San Isidro tensó la relación entre el municipio dirigido por Gustavo Posse y el Club Náutico Amarristas, que ocupa el viejo puerto desde el año 2000. El tema de fondo es el destino de los yates y lanchas amarradas en un sitio víctima del abandono por décadas. La Comuna acusó a la entidad de estar instalada irregularmente e intimó a los dueños de los barcos a desalojar el predio. Estos contestaron con una medida cautelar, finalmente rechazada por la Justicia.
En los últimos días se conoció que el intendente vetó la Ordenanza 8995/18 que frenaba por lo menos 60 días la obra proyectada. Está norma fue sancionada con las manos de la oposición, el pasado 13 de junio. Creaba una comisión que reunía a todas las partes afectadas, municipio, particulares que ocupaban el puerto, concejales e instituciones sociales.
Por su parte, el Ejecutivo local tiene desde 1979 autoridad sobre los cursos de agua que atraviesan el distrito, y desde 1981 administra los permisos y los cánones para las naves que quieran fondear allí. Pero, cuando recibió de manos de Provincia la administración del puerto, en 2017, y presentó el plan para reformar el espacio público, logró que los diferentes particulares se retiraran del lugar.
Según informaron desde el municipio, empezaron a ser relocalizadas las familias instaladas y una empresa de colectivos. Hasta que el pasado marzo fue intimado el Club Amarristas, que interpuso una cautelar, desestimada por la Justicia. “Nunca se avinieron a reconocer la administración municipal y a liberar la calle y el muelle público que ocupan irregularmente”, sostuvieron ante Guía de Noticias responsables del área legal. “Cabe resaltar que ese club jamás se registró como Entidad de Bien Público o Civil en el municipio, y jamás abonó tasa o canon alguno”.
Ante la judicialización del conflicto, afirmaron que “fueron citados y jamás concurrieron”. “Se celebraron dos audiencias en el ámbito judicial donde en definitiva se terminó rechazando la cautelar solicitada por la institución para paralizar las obras”.
¿Qué destino propone para los particulares que usufructúan el espacio público portuario? “Se está conversando con cada uno de los amarristas particulares sobre la situación y se los intimó para reparar los tablados que se encontraban en peligro de derrumbe”.
También aclararon que las tareas de construcción del Parque Público “continúan de manera insoluble, pues la Ordenanza nunca entró en vigencia”. El proyecto consiste en un espacio recreativo de 7 hectáreas, con una inversión de 300 millones de pesos. Sin embargo, el propio Posse admitió el 2 de julio al matutino La Nación que las obras están casi paralizadas. “Que no hay dinero es un hecho”, confesó al medio nacional.
A pesar de estos inconvenientes, la Comuna rechaza las acusaciones de “vaciar” el actual puerto. Por el contrario, prometen que el proyecto “contempla conservar la mayor parte de las amarras, las cuales dan carácter e integran el paisaje urbano del lugar”. Aunque no es posible saber si el Club Amarristas seguirá en ese lugar.
LA POSICIÓN DEL CLUB
Este portal intentó comunicarse con la citada entidad, sin éxito. Pero, con una nota posteada en su página de Facebook, el club asegura que está instalado regularmente. La institución “posee personería jurídica, es reconocida por Prefectura Naval Argentina como club náutico número 317, paga mensualmente el canon a la Dirección de Puertos, contribuye mensualmente con UNEN, tiene sus seguros al día, obligaciones con la AFIP y demás”, aclara en un comunicado firmado por su secretario, Alberto Burguese.
Además, da su versión del conflicto. “En ningún momento previo a los hechos hemos tenido un acercamiento, ni una citación, por parte de la MSI”, y agregan que “sí vinieron a romper con las máquinas nuestras instalaciones. El 8 de marzo de 2017, nos presentamos ante la Justicia y dictaron dos cautelares a nuestro favor. Cautelares que fueron avaladas, revocadas y nuevamente apeladas. Y ahora dejaron intimaciones en los barcos”. A su vez, la entidad asegura que no rechaza la creación del Parque Público, pero pide ser incluida.
Por medio del veto a la Ordenanza que frenaba las obras, la Municipalidad argumentó que no va a tolerar el “abandono, tomas, posesiones irregulares, que benefician a unos pocos que se aprovechan de esa situación irregular y afectando el beneficio de toda la comunidad de San Isidro”.
