Por Jorge Deantoni
Secretario General de La Bancaria San Martin/Tres de Febrero
El 11 de julio, una comitiva de diputados del bloque de la Libertad Avanza realizó una polémica visita a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad en la Unidad 31 de Ezeiza.
Este acto, protagonizado por figuras como Benedit Beltrán y Guillermo Montenegro, desató una ola de indignación, no sólo por la legitimación implícita de los represores, sino también por la actitud despectiva hacia las víctimas y el trabajo de justicia realizado por la CONADEP y el Juicio a las Juntas. En esta columna, Jorge Deantoni analiza la gravedad de esta visita.
El pasado 11 de julio, un conjunto de diputados y diputadas nacionales del bloque de la Libertad Avanza visitó en la Unidad 31 de Ezeiza a los genocidas condenados por la Justicia por los aberrantes hechos ocurridos en la última Dictadura Cívico Militar.
Benedit Beltrán, Guillermo Montenegro, Alida Ferreira, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci se trasladaron en una camioneta Renault blanca propiedad del Congreso de la Nación al encuentro con los genocidas.
Visitaron a Astiz, Antonio Pernías, Carlos Suarez Mason (h), Adolfo Donda, Honorio Carlos Martínez Ruiz, Manuel Cordero, Raúl Guglielminetti y “Gato” González. Estos nombres encierran, entre otras cosas, condenas por desaparición, torturas, muertes y abuso sexual en cautiverio, teniendo máximas responsabilidades en la ex ESMA, Automotores Orletti que operaba como centro de detención, Plan Cóndor, ex Batallón 601.
El diputado Benedit Beltrán, organizador del encuentro, en lo que suponía su descargo, calificó lo sucedido como «una visita a héroes que lucharon contra la subversión marxista». El presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, ante lo sucedido esgrimió un tibio desacuerdo.
En mi opinión, ahí se encuentra la verdadera gravedad del hecho. Se debe condenar con dureza no sólo la visita, sino también la actitud reivindicativa que la visita por parte de los diputados a los represores contiene.
Todos aquellos que como militantes políticos y gremiales tenemos algún grado de responsabilidad debemos condenar e ir en búsqueda de duras sanciones a quienes se burlaron del trabajo de la CONADEP, del Juicio a las Juntas y ensuciaron a los desaparecidos.
Eso fue Terrorismo de Estado. Son 30.000.
