En un estudio de tele es distinto

El gobierno que preside Javier Milei vive en el Congreso una semana de malas noticias, por los motivos equivocados. Y el hilo conductor es el peso de los legisladores del PRO en ambas cámaras, que en esta ocasión le dieron la espalda a los libertarios.

El miércoles, Diputados rechazó el DNU que le otorga a la SIDE 100 mil millones de pesos en gastos reservados. El oficialismo también perdió la presidencia de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, allí quedó Martín Lousteau, a quien en el entorno de LLA ya le dicen directamente kirchnerista.

El jueves, el Senado fue el escenario de otro tropiezo cuando la oposición sancionó la reforma de la movilidad jubilatoria con 61 votos a favor y sólo 8 en contra. La ley aprobada aumenta las jubilaciones en un 8,1 por ciento – para compensar la pérdida de enero -, contempla la fórmula de movilidad por inflación y dispone un aumento del 50 por adicional en marzo de cada año por el índice de variación salarial.

En su origen, esta sesión no incluía el tratamiento de la reforma jubilatoria sino que tenía como objetivo frenar el incremento de las dietas de los senadores, que había criticado el propio Javier Milei. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, promovió esta sesión y de paso sumó el tratamiento previsional. Un dato extra: la vice no estuvo en el recinto al momento de la votación.

La sanción, que obtuvo más de los dos tercios de los votos, respeta el texto aprobado por los diputados. Ahora, el texto normativo va camino a la Rosada que ya decidió que vetará la ley – en su momento, el Presidente dijo que vetarla le iba a importar “tres carajos” -. Lo que no está definido es si el veto abarcará será total o de algunos de sus artículos.

Lo que trascendió es que hay dos artículos en la mira de la Presidencia. Por un lado está el artículo que pone en funcionamiento una cláusula gatillo anual que se aplicará de manera automática siempre que los sueldos le ganen a la inflación. El otro artículo es el que impone un plazo para cancelar las deudas previsionales con sentencia fija. Esto abarca a la deuda que tiene el Estado nacional con las cajas de las provincias.

En caso que el Ejecutivo vete total o de manera parcial la norma sancionada, las dos cámaras legislativas tendrían, de acuerdo a los votos obtenidos, la suficiente cantidad de voluntades como para insistir en el texto. Eso es si nadie cambia de opinión. Harán falta más milanesas.