Tal como lo había anticipado días atrás en declaraciones televisivas, el presidente Alberto Fernández llegó a los tribunales de Comodoro Py para declarar como testigo en el juicio por la Obra Pública en Santa Cruz, que se sigue contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El mandatario fue citado por el Tribunal Oral Federal N°2 a solicitud de la defensa de CFK. Se trata de un episodio inédito ya que se trata de un presidente en ejercicio que irá a declarar como testigo ante la Justicia Federal.

Si bien podía declarar por escrito al alegar su función ejecutiva, el mandatario eligió ir de manera presencial, lo que inevitablemente se lee como un gesto hacia Cristina Kirchner, principal acusada en el juicio por el supuesto direccionamiento de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez.

El juicio lleva más de dos años de desarrollo y ya se les tomó declaración a varios testigos, entre ellos muchos empresarios participantes de la Obra Pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Sin embargo, con el arranque del año empezó una nueva etapa en las declaraciones: la ex presidenta y actual titular del Senado a través de su abogado Carlos Beraldi le pidió a los jueces que convoque como testigos a los ex jefes de Gabinete del período kirchnerista.

Es por eso que ya declararon, por ejemplo, Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández o Jorge Capitanich, quienes fueron consultados acerca de si en algún momento hubo un pedido de la entonces presidenta para privilegiar al empresario que era titular de Austral Construcciones. En ese marco, vale recordar que el presidente estuvo a cargo de la Jefatura de Gabinete entre 2003, con Néstor Kirchner, y 2008, durante el primer año de gestión de Cristina Fernández.

La audiencia fue transmitida por Zoom con previa inscripción, ya que la audiencia es mixta: por la pandemia hay algunos integrantes del Tribunal que participaron de forma remota mientras otras partes, como el propio Presidente, asistieron a la Sala de Audiencias.

En primer término, los jueces le cedieron la palabra a Beraldi, el defensor de la vicepresidenta, quien comenzó con la formulación de las primeras preguntas. En esa línea, el letrado le preguntó a Fernández si recordaba cómo era la política de Obra Pública de Néstor Kirchner mientras era gobernador de Santa Cruz.

«La verdad es que lo que más recuerdo de ese tiempo era la administración prolija que había hecho, que le dejaba a Santa Cruz un superávit fiscal muy alto. En detalle no conozco cuál era la obra pública que como gobernador llevó adelante en la provincia», sostuvo tras explicar cómo y cuando conoció a la entonces pareja presidencial.

Aseguró que «definitivamente, no había distribución arbitraria, algo que es realmente muy difícil de hacer porque todas las provincias pelean por su parte”. Y lanzó, «contestando en mi condición de profesor de Derecho Penal, la verdad me llama mucho la atención el sentido de esta causa porque se discuten decisiones políticas no judiciables. Esas decisiones de ningún modo pudieron ser arbitrarias».

Otro de los momentos álgidos de la audiencia fue cuando Beraldi le quiso preguntar a Alberto Fernández si tenía conocimiento de la existencia de una asociación ilícita para favorecer presupuestariamente a alguna provincia. De inmediato, el fiscal Diego Luciani se opuso al considerar que «se trata de una pregunta contaminada y no hay duda que lo está poniendo al testigo en una situación de condicionamiento».

El Tribunal hizo lugar a la queja, pero el juez Jorge Gorini le preguntó si cuando se desempeñó como jefe de Gabinete en algún momento tomó conocimiento de un acuerdo de voluntades «a los efectos de direccionar la obra pública en Santa Cruz o favorecer a algún empresario en particular».

«Definitivamente no», respondió el jefe de Estado, que posteriormente aseguró que las reformulaciones presupuestarias «no estuvieron destinadas a favorecer a Santa Cruz ni a ninguna otra provincia en particular». «Los criterios son discrecionales, lo que uno entiende que necesita el país», sostuvo en relación al criterio de reparto presupuestario.

Durante la audiencia, el fiscal Luciani le consultó a Fernández si cuando era jefe de Gabinete mantuvo contacto cuando era jefe de Gabinete con el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas, José López. «Yo no hablaba puntualmente con ningún ministro sobre el Presupuesto. No tuve ningún vínculo especial con Planificación. Hay como una suerte de fantasía que acá se juntaban dos o tres personas y decían mandémosle plata. Con José López prácticamente no tenía trato», afirmó.

Vale mencionar que fueron reiterados los cruces entre las defensas de los acusados y el fiscal Luciani, con reproches de ambos lados respecto de las preguntas a Alberto Fernández. Incluso el propio Presidente ante una insistencia del representante fiscal por saber los detalles de una obra pública, disparó: «O no me escuchó bien o tiene un problema de comprensión». Inmediatamente le pidió disculpas.

En la parte final de la audiencia que se extendió por casi tres horas, el fiscal insistió con sus preguntas respecto del empresario Lázaro Báez. Ese último tramo de la declaración fue el más trabado de la audiencia debido a que llovieron los rechazos a las preguntas por parte de las defensas.

De todos modos, en algunas oportunidades Alberto Fernández pudo contestar y negó que haya tenido relación o haya estado al tanto de si Báez era beneficiario de obras en Santa Cruz. «no sé cómo decirlo. Por enésima vez, no lo conozco, no sé qué hace de su vida”.

Sin embargo, la única referencia que hizo respecto de un contacto con el empresario fue cuando contó la única vez que lo vio. «Era 2003 o 2004 y yo había viajado al Calafate con Néstor (Kirchner), que estaba terminando de hacer su casa. Ahí lo conocí porque estaba haciendo alguna obra en el parque. Después no lo vi nunca más», insistió.

Luego, tras algunas insistencias del abogado de Báez, Juan Villanueva, con el objetivo de reafirmar lo que dijo el Presidente sobre el empresario, el Tribunal rechazó y la audiencia terminó. El próximo en declarar será el actual presidente de la Cámara de Diputados y ex jefe de Gabinete Sergio Massa, el 21 de febrero.