La Cámara de Apelaciones en lo Penal y Criminal de Morón concedió al sacerdote Julio César Grassi el beneficio de la llamada «ley del 2×1» y recalculó su salida en libertad para agosto de 2026, en lugar de 2028, como estaba previsto cuando fue condenado por abusar de un menor de edad.
De esta forma, la Cámara de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia del Tribunal en lo Criminal 1 de Morón y resolvió aplicar los beneficios de una ley que fue derogada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El sacerdote fue condenado a 15 años de prisión por abusar sexualmente del chico conocido como «Gabriel», a quien cuidaba en la Fundación Felices los Niños, en un proceso que duró 11 años, desde octubre de 2002, cuando el caso salió a la luz por una investigación televisiva.
Grassi estuvo en la cárcel desde el 23 de octubre al 21 de noviembre de 2002; luego bajo prisión domiciliaria entre el 7 de marzo de 2012 y el 31 de mayo de ese año y finalmente fue apresado otra vez el 23 de setiembre de 2013 hasta la actualidad, alojado en el penal de Campana
El cálculo de la pena de 15 años se tomaba a partir de esa última fecha, por lo que el cura tenía como data de su libertad el año 2028.
Ahora, la Cámara de Apelaciones computó esos dos períodos en los que Grassi estuvo en prisión sin sentencia, aplicó la ley del 2×1 y la nueva fecha de salida es 2026, un año y nueve meses antes de lo previsto en la condena
El abogado querellante de la víctima del sacerdote, Juan Pablo Gallego, aseguró que apelará a los Tribunales de Casación bonaerense la resolución de la Cámara, ya que considera ilegal el fallo.
«El fallo de Cámara es ilegal porque no sólo la ley del dos por uno está derogada, sino que es inaplicable cuando se trata de reos con condena firme y reincidentes como el caso del pederasta Grassi», dijo a la agencia Télam.
En 2002, la ley del 2×1 hacía la salvedad de que se aplicaría salvo que la complejidad de la causa hubiese impedido dictar condena en tiempo y forma y mientras el acusado no tenga sentencia firme.
«Esto es un mamarracho jurídico», afirmó Gallego quien agregó que Grassi «es reincidente porque tiene una condena por desvío de fondos». El abogado puntualizó que, de acuerdo a este fallo, «el poder mafioso y corruptor de Grassi permanece indemne pese a las dos condenas judiciales que lo mantienen detenido en el penal de Campana».
Y añadió: «Desde allí y sin que la Iglesia aún haya reaccionado ante un pedófilo y pederasta con condena firme, sigue desplegando su poder de lobby, en este caso para obtener un beneficio a todas luces ilegal».
La condena de Grassi fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2013, por lo que a partir de esa fecha quedó firme, luego de 11 años de un proceso que pasó todas las instancias judiciales y en el que desfiló un equipo de 25 abogados para defender al sacerdote.
«No me cabe duda que ahora la defensa de este pederasta utilizará este fallo para reducir aún más la condena, pero apelaremos a Casación ya que esta resolución ha pasado todos los límites porque va en contra de la ley», indicó el letrado.
El fiscal general de Morón Federico Nieva Woodgate dijo que «esa ley de 2002 fue derogada por la Corte Suprema de Justicia hace unos meses, lo que se tiene que discutir ahora y supongo que se va hacer en Casación, es si esta ley tiene efectos retroactivos o no, ya que el delito de Grassi fue cometido en 2002».
«Esta nueva ley dictada por la Corte es interpretativa, por lo que está abierta la discusión de si es retroactiva o no», mencionó, y añadió: «Mientras dure la discusión en Casación ningún pedido de la defensa de Grassi se tendrá en cuenta».
El fiscal general detalló, además, que sobre Grassi pesa otra condena por el desvío de fondos de la Fundación Felices los Niños para alquilar una quinta en donde estuvo alojado, por lo que debería hacerse el cálculo de las dos condenas una vez que ésta quede firme.
