La salida de Evo Morales del poder en Bolivia fue un indudable golpe de Estado. Encaja en la definición más pura de golpe. Instituciones estatales (Fuerzas Armadas y Policía) “sugirieron” a su comandante en jefe la renuncia, forzando la interrupción del mandato constitucional que ganó en las urnas en 2014 y culmina en enero de 2020.
Muchos análisis por estas horas pasan algo vital por alto: los cuestionamientos a Morales por buscar la reelección indefinida y las irregularidades en las elecciones corresponden al mandato siguiente, el que comenzará el año que viene, cuando debería dejar el poder. El golpe constituye una vuelta de tuerca más en el asedio a la democracia liberal, un fenómeno global que desafía a las democracias consolidadas –Trump en Estados Unidos, Brexit en el Reino Unido- y arrodilla a las que tienen débil institucionalidad, como las latinoamericanas. El propio Evo burló los límites constitucionales al desconocer el referéndum de 2016 y buscar la re re reelección, violando la Constitución que él mismo propuso a los bolivianos.
Que el presidente de Bolivia haya forzado esos límites, cooptado a la Corte Suprema y a la justicia electoral, que omitió las irregularidades denunciadas por la OEA en el escrutinio, no habilita, justifica ni avala el golpe de Estado en curso. Subsanar un golpe con otro no restituye el orden constitucional, sino que lo degrada aún más. Andrei Serbin Pont, director de CRIES, evaluó el pronunciamiento de las FFAA en Bolivia: “El problema es que pidieron la renuncia de Evo, presidente cuyo mandato sigue vigente, en vez de exigir que desista de participar en los nuevos comicios. Lo primero es un golpe, lo segundo es exigir el cumplimiento de la Constitución”.
El contexto regional alienta y posibilita actualmente golpes como el de Bolivia. Como apuntó Alejandro Frenkel, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Martín, “Bolivia es el sexto país sudamericano (junto a Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador y Perú) en el que las Fuerzas Armadas apoyan/condicionan y terminan decidiendo el futuro de los gobiernos”.
El presidente de la mayor economía de América Latina, Jair Bolsonaro, publicó una foto sonriente junto a su esposa, con el mensaje “un gran día” y su canciller, Ernesto Araujo, dijo que “no había ningún golpe en Bolivia”. Todo pasa. Sorprende el silencio, primero, y la tibieza, después, del gobierno de Mauricio Macri. Defender que un presidente termine su mandato constitucional vigente, es defender la institucionalidad. Para un presidente de la región, es defenderse a sí mismo.
El silencio de los pares de Morales desnuda su subestimación de la inestabilidad política que asola a la región. En política, los vacíos que dejan los dirigentes y líderes, sus silencios, son ocupados por otros. La derecha de América Latina se esconde, no tiene una agenda diplomática común y se arriesga a ser barrida de la cancha por los Camachos del continente, sin votos, pero con violencia y agitación en las calles. El opositor Carlos Mesa se pliega, desesperadamente, a quienes no tienen su legitimidad de origen. Todos pierden. Nicolás Maduro, con un cinismo profundo, condena el golpe, vistiéndose de demócrata, cuando él mismo violó decenas de veces la Constitución bolivariana.
