Gobernantes, empresarios paraestatales y legisladores, proponen imponer una reforma laboral mediante la cual el trabajador despedido resignaría cobrar su justa indemnización, es decir, la actual indemnización completa suplantándola con otra compensación, que se percibiría de modo mensual y en cómodas cuotas.

Parte de un artículo propuesto del pretendido proyecto de ley señala que “ante caso de renuncia o cese de actividad, retiro, jubilación o despido, fuese este último con o sin causa justa, el trabajador recibirá una remuneración del ‘Seguro de Garantía’ de indemnización mensual” equivalente a su último salario percibido hasta el reinicio de actividades u obtención de nuevo empleo. Estas cuotas cesarán cuando superen los meses que correspondan a la cantidad de años trabajados. Este seguro el trabajador lo comenzará a percibir a partir de su segundo mes de despido efectivo, dado que el primero correría por cuenta del empleador.

Conociendo la sociedad en que vivimos y quiénes son su principales actores, donde una cosa es lo que se piensa otra la que se dice y otra la que se hace, esta propuesta realmente debería ser encuadrada dentro del siguiente lema: De bastón y de galera, engañamos a cualquiera; principalmente, a los más vulnerables, que son los que componen el mundo del trabajo y los que vienen mendigando hace años poder tener uno.

A pesar de sonar la medida como de avanzada y reparadora, creará un efecto negativo e inverso al planteado. En un país crónicamente híper inflacionario, sin reglas de juego claras ni programa o planificación a largo plazo, y en donde las empresas como así también las compañías de seguro hoy están y mañana fraudulentamente quiebran o desaparecen, o el mismo Estado tarda una veintena de años para hacer efectiva una sentencia judicial, sólo instaurarían una nueva injusticia más al ya castigado universo del asalariado.

Jamás podremos salir adelante como sociedad mientras el interés privado no coincida con el público y viceversa, y mucho menos con más desempleo, parches transitorios, menos producción, mercados ganados y seguro trabajo.

Hoy es un deber moral y primordial terminar con las prácticas de todos aquellos que actúan con odio, ventajismo y fanatismo; llego el momento de revertir esta situación planteada y abusiva entre los que tienen y quieren disponer libremente sobre los derechos tutelados de los demás y los que no tienen nada más que miseria, sueldos paupérrimos y frustración.

El proyecto presentado en un país tan dispar y subdesarrollado como sólo apunta a proteger el riesgo y el interés del sector empresario y paraestatal, privando al trabajador de disponer libremente y al contado con su indemnización, que es de su propiedad.