Una jornada organizada para impulsar la Ley de Regularización Dominial se convirtió en un punto de encuentro de diferentes actores políticos de San Isidro. El titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Ramón Lanús, expuso sobre la integración social urbana en uno de los salones de conferencias de la Cámara de Diputados de la Nación. La nutrida platea estuvo compuesta principalmente por referentes de organizaciones sociales, entidades de bien público y Cáritas.
La actividad fue organizada por, entre otros, el ex edil radical Jorge Álvarez Núñez, a partir de la ONG IADEPP. Entre los disertantes estuvo la concejal de Unidad Ciudadana Fernanda Miño, referente social de La Cava. Y mezclados entre el público acompañaron los ediles del radicalismo sanisidrense Carlos Castellano y Carlos Juncos; su par de ConVocación Manuel Abella y su compañero Marcos Hilding-Ohlsson.
Según uno de los presentes, la actividad en torno al proyecto de regularización de barrios populares sólo obró como un tema de interés común que reunió a los sectores de Cambiemos alejados del intendente Gustavo Posse. Una posible estrategia electoral conjunta aún no está en la agenda de estos actores, pero algunos como Castellano ya ensayan una candidatura, como se desprendió de un reciente mensaje dirigido a los vecinos, que circula por redes sociales.
LA URBANIZACIÓN DE VILLAS
La jornada sobre el proyecto de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio urbana fue coordinada por el legislador radical Fabián Quetglas, uno de los impulsores de la norma. La iniciativa pretende ordenar a nivel nacional el reconocimiento de los vecinos de villas y asentamientos como legítimos propietarios. Basada en un amplio relevamiento de hábitats vulnerados, realizado por ONGs como Techo y los movimientos sociales CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa.
La ley cuenta con media sanción en Diputados, pero tanto las áreas del Estado nacional como los actores sociales involucrados discutieron sus alcances. Ramón Lanús preside uno de los organismos más involucrados, ya que encabeza la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Muchos de los barrios populares, asentamientos, villas y ocupaciones, se produjeron sobre propiedades del Estado, como terrenos fiscales, áreas inundables o edificios abandonados. En este sentido, el funcionario sostuvo que “la integración sociourbana requiere tierras que serán puestas al servicio de este proceso. Por otro lado trabajamos en las propiedades que fueron vendidas a cooperativas y en la regularización a los legítimos ocupantes”.
A su vez reconoció que “para lograr la meta debemos cambiar la forma en la que hacemos las cosas, para avanzar en la integración social y urbanística de estos más de 4200 barrios de todo el país”. También se comprometió a identificar suelo propiedad de Estado que esté disponible para la edificación de viviendas sociales.
En el evento disertaron también Sebastián Welisiejko, secretario de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de Nación; Virgilio Gregorini, director de Techo, y dirigentes de la CTEP y Barrios de Pie.
