El presidente Alberto Fernández enviará al Congreso un proyecto para crear la justicia Federal Penal con la fusión del fuero Penal y el Penal Económico y con una ampliación de juzgados, diluyendo así el poder de Comodoro Py. En la presentación en Casa Rosada, el mandatario anticipó la puesta en marcha del sistema acusatorio, que ya había sido aprobado pero quedó en suspenso.
En el anuncio del envío del proyecto de ley de reforma judicial que entrará por el Senado, el Presidente estuvo rodeado por parte de su gabinete, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y también por los juristas que analizarán eventuales cambios a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura. Estuvo presente Elena Highton de Nolasco, la única representante por parte de la Corte, y hubo varias ausencias, incluido el faltazo de la oposición.
Fernández, que leyó durante toda la presentación, afirmó que el proyecto de reforma judicial busca crear 23 nuevos tribunales y apunta a terminar con la justicia que actúa «en función del clima político». Remarcó que esa ampliación se hará a través de la fusión de los fueros Federal y Penal y Económico.
«De esta manera buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados, que tienen la capacidad de decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y por lo tanto mediática», agregó. «Hay una manipulación de los tiempos procesales, impulsándolos o deteniéndolos en función del clima político imperante, lo que se denomina justicia pendular», planteó.
El Presidente afirmó que durante el gobierno de Mauricio Macri «el cuestionamiento a jueces que se mostraron independientes se volvió cotidiano», y añadió, «la arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las normas». En esa línea agregó que en ese tiempo se cambió la idea sobre las prisiones preventivas que conformaron un «sistema de penas anticipadas», por los que «el principio de inocencia y de defensa fueron vulnerados».
«Sin independencia no hay República ni democracia», manifestó al cuestionar la denominada «doctrina Irurzun». En cuanto al Consejo Consultivo compuesto por once «juristas de reconocimiento indiscutido», dijo que tendrá la «tarea de repensar el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público». «Deberá elevar propuestas concretas sobre una mejora en la administración de justicia».
Fernández informó que el proyecto crea la Justicia Federal Penal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico. Cada uno de esos tribunales actuará en lo sucesivo con una de las dos secretarías que tienen actualmente. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero. También propicia que el nuevo fuero Federal Penal comience a funcionar cuanto antes.
El proyecto también propone la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías para que se sumen al nuevo esquema diseñado.
Asimismo buscan transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, completando de este modo el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente. Según aseguró el mandatario, el proyecto busca la unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo y el fortalecimiento de la Justicia Federal en todo el país.
Por último, Fernández aseguró que esta ley recoge el texto de un proyecto impulsado por la anterior gestión de gobierno, en el marco del programa “Justicia 2020”.
