Luego de distintas reuniones con los miembros de la Comisión Gremial de Salud, la Comisión Gremial Docente, el Cuerpo de Delegados y la Comisión Directiva resolvieron solidarizarse con los trabajadores despedidos, del ámbito nacional, provincial y municipal.
Asimismo repudian la arbitrariedad de los mecanismos que vulneran la estabilidad en el empleo público. También hacen saber su rechazo a la criminalización de la protesta, ya que ésta se encuentra reglada por una ley, que no necesita de decisiones arbitrarias, que invariable y encubiertamente bajo el argumento falso de proteger el derecho de otro, se tiende a amordazar a aquellos que justamente reclaman.
Respecto al aumento salarial pretendido por los gremios, el secretario general, Victorio Pirillo, destacó que “el piso de la negociación salarial la estableció el propio presidente Mauricio Macri cuando como jefe de Estado recibió, en lo que va de este año, un incremento del 30.06% de aumento en sus haberes”. Y agregó, “es el Presidente quien debe dar el ejemplo, no puede pedirle a los más pobres que acuerden aumentos salariales por debajo de su 30.06%”.
Pirillo resaltó: “El Protocolo de Seguridad viola los derechos constitucionales de manifestar y peticionar a las autoridades, criminaliza la jornada de protesta y los despidos; la riqueza de unos, con estas medidas, está amenazada con la miseria de los otros”.
Concluyó que “los despidos generan legiones de desocupados, que, si el sistema no los incorpora, se convierten en excluidos que no permitirán que se ponga fin a esta Argentina en donde los que tienen, tienen miedo de tener, y los que no tienen, tienen rencor, miseria y frustración”.
