Por unanimidad, la Emergencia Alimentaria obtuvo el jueves media sanción en Diputados tras un debate acelerado. El proyecto sería tratado el miércoles que viene en el Senado, donde ese día podría convertirse en ley. El texto fija la prórroga de la emergencia hasta 2022 y un incremento de 50 % de las partidas destinadas a programas específicos.
Con 222 votos positivos y ninguno negativo la iniciativa tuvo luz verde. La única abstención fue la de la diputada de izquierda Mónica Schlotthauer, que calificó a la sesión como un «circo electoral» y consideró que el proyecto «no resuelve nada».
Ahora es el turno del Senado. Si bien en la Cámara baja la iniciativa fue impulsada por la oposición peronista, en el Senado el oficialismo se apuró y fue el que pidió que la convocatoria de la sesión especial sea para el próximo miércoles.
En Diputados la emergencia se trató casi sin discusión. A pesar de que algunos legisladores, como Marco Lavagna de Consenso Federal y el diputado justicialista Juan José Bahillo, sugirieron agregar artículos, el texto salió igual a como figuraba en el proyecto consensuado por los distintos bloques opositores, en conjunto con los movimientos sociales.
Sólo se modificó la escritura del artículo 4 – el más importante – para aclarar que el aumento del 50 % de las partidas se hará sobre «los créditos presupuestarios vigentes del corriente año» y no sobre las partidas no ejecutadas. Así, de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de la medida sería de 10 mil millones de pesos, aunque en el ministerio de Hacienda la cuenta les da poco más de 8 mil millones. Si lo hacían sobre las partidas no ejecutadas, en cambio, el monto se achicaba a 4 mil millones.
Aunque se decidió por el costo más elevado, en el Gobierno aseguran que como se trata de una redistribución de partidas no afecta el presupuesto ni las metas fiscales. No aclaran todavía, qué partidas achicarán para reforzar las destinadas a programas de alimentación.
La sesión especial, pedida por la oposición, contó con el acompañamiento del oficialismo desde el inicio. En línea con la directiva del presidente Mauricio Macri, los legisladores de Cambiemos dieron quórum para habilitar la discusión y votaron a favor de la emergencia. Sin ellos, la oposición no hubiese alcanzado los dos tercios que necesitaba para lograr la media sanción.
Si bien hubo críticas al Gobierno, no se generaron cruces ni discusiones. No fue casual. La paz había sido sellada el día anterior en una reunión que el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, mantuvo con el jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, y de Cambiemos, Mario Negri.
Ninguno de ellos tenía en mente una sesión en plena campaña electoral y pretendían evitarla, pero la presión de los movimientos sociales en las calles y los legisladores más cercanos a ellos terminaron forzándola. Lo cierto es que aunque no estaba en la agenda política, la emergencia alimentaria logró reabrir la Cámara de Diputados después de más de dos meses sin sesionar.
Hace dos años que los movimientos sociales la reclamaban, pero este año el primero en hablar del tema fue el candidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna, y la movida creció cuando la pidió también la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, la CGT y los intendentes peronistas de Buenos Aires.
