Horacio Rosatti asume la presidencia de la Corte Suprema de Justicia con un triple desafío: interno, porque debe limar las asperezas con algunos de sus pares; externo, porque no era el candidato preferido del Gobierno, y judicial, porque el máximo tribunal tiene pendientes resoluciones de fuerte impacto para los principales actores políticos, como Cristina Fernández, Mauricio Macri u Horacio Rodríguez Larreta.
El jueves que viene se termina la gestión del actual presidente y futuro vice, Carlos Rosenkrantz, que desde hace varias semanas se prepara para dejar la conducción que llevó adelante pese a tener la mayoría de sus facultades recortadas y limitadas al acompañamiento de tres votos. Uno de los autores de esa determinación, que ahora es vista con buenos ojos por parte de Rosenkrantz, fue el propio Rosatti, que ahora fue elegido en medio de un acuerdo extraordinario que incluyó la propuesta y el voto de Juan Carlos Maqueda, el autovoto de la fórmula Rosatti-Rosenkrantz y un intento de frenar la votación por parte de Elena Highton de Nolasco a raíz de la ausencia de Lorenzetti.
Esa situación dejó en evidencia la fragmentación que existe entre los ministros y la ministra, escenario que aparece entre uno de los primeros desafíos que debe sortear la nueva gestión cortesana. Es que desde afuera del cuarto piso del palacio de la calle Talcahuano, la Corte Suprema aparece con una imagen pública dañada y la evidente fractura no aporta nada para revertirlo.
De ese modo, Rosatti, el peronista con pasado en el Ejecutivo que se reconoce a sí mismo como un hombre con capacidad de diálogo, se enfrenta al dilema de si trabajará o no por recomponer el trato entre los cortesanos y, particularmente, el propio con Lorenzetti, que todavía se acuerda de que el flamante presidente fue uno de los artífices de la estrategia que frustró su intento de volver a presidir.
Otro de los desafíos gira en torno a los puentes con una Casa Rosada que había dejado entrever que el preferido, pese a todo, era Lorenzetti. Sin embargo, toma relevancia un mensaje que días antes de ser electo presidente Rosatti les mandó a “los políticos”. “Se les pide a los jueces que no jueguen a ser políticos, y me parece muy bien. Desde la judicatura les pedimos a los políticos que respeten las decisiones judiciales. La división de poderes contempla el ida y vuelta entre ambos; puede haber interrelación sin interferencia a condición de que cada uno respete su competencia”, dijo al cerrar una exposición en la Federación Argentina de la Magistratura.
En ese marco, el ministro de Justicia, Martín Soria, y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, son los dos puentes de la Corte con el Ejecutivo.
Así y todo, la Corte Suprema debe seguir con su principal rol que es la revisión de los planteos judiciales. Y en ese frente, las distintas vocalías tienen pendiente revisar y fallar en torno a expedientes.
Entre ellos, hay decenas de planteos que realizó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como Vialidad, donde se investiga el supuesto redireccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez cuando era presidenta. Allí, por medio de su defensor, argumentó que por la misma denuncia hay “cosa juzgada” en Santa Cruz y si los cortesanos le hacen lugar el expediente se caería.
A su vez, pidió que se ampliaran los peritajes a las obras públicas que su gobierno ejecutó en diferentes provincias y no que sólo se tomara una reducida muestra. También recusó a un perito oficial que en sus redes sociales compartía publicaciones antikirchneristas, entre otros planteos.
Por otra parte, tienen pendiente todavía expedirse acerca de la causa que mantiene enfrentados al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al presidente Alberto Fernández. Se trata de la demanda que el Ejecutivo del PRO presentó contra el mandatario ante la supuesta inconstitucionalidad del decreto de la Casa Rosada que le redujo la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.
Otro de los expedientes que tienen que pasar bajo las vocalías involucra al ex presidente Mauricio Macri. En el marco de la causa por la quiebra de la empresa Correo Argentino SA, la familia Macri, propietaria de la firma, había presentado una recusación contra la jueza y la fiscal del fuero federal que revisten en el caso.
Esa presentación fue rechazada por la cámara y los Macri decidieron recurrir al Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad para que decida. Ante esa estrategia, la Corte debe determinar si los juzgados locales tienen competencia sobre causas que se tramitan en el fuero federal.
