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Las prisiones domiciliarias para evitar contagios de Covid 19 es un tema que trajo mucha polémica. Con ciudadanos haciéndose escuchar con aplausos y cacerolazos y funcionarios que argumentaron a favor y en contra de la medida, hasta que resolvió la Suprema Corte bonaerense.

Karina Massa perdió a su hijo, Matías Gandolfo, durante un asalto en 2014. En diálogo con Guía de Noticias contó cómo familiares de víctimas de inseguridad tomaron el fallo del juez Violini. Pero como edil de Juntos por el Cambio de Tres de Febrero aclaró que “primero fui víctima y después concejal. Mi lucha como víctima va a continuar hasta el último día de mi vida, independientemente de que mi mandato termine”.

“Recuerdo el 31 de marzo de este año porque me puse en contacto con Claudio Rodríguez, él también es papá víctima de la inseguridad (su hija Zaira Rodríguez falleció en un robo). El primer paso a todo esto fue la tecnología dentro de las cárceles. Es un derecho que los presos puedan comunicarse con sus familiares y que aquellos que estudian puedan acceder a las clases de forma virtual, pero nos preocupaba la situación, porque a muchos damnificados los amenazan desde los teléfonos”, comentó Massa, y además aclaró que es un tema de debate constante dentro de las ONGs de los familiares de víctimas.

La Ley de Víctimas (N° 27372) establece que ciertos beneficios, como la prisión domiciliara o la libertad condicional, debe ser comunicada a los afectados previo a tomar la decisión. “Cuando comenzaron las liberaciones nos alertamos porque no sabíamos cómo las iban a notificar. Es importante que las víctimas sean escuchadas independientemente de que después esos comentarios se consideren o no, pero es un paso que no se puede obviar. Por eso, en un principio violaron esta ley”.

Señaló que “primero eran para un grupo determinado de riesgo, pero está demostrado que también fue para muchos otros y nadie fue notificado. Es de público conocimiento que liberaron femicidas, violadores y abusadores de niños; con esto se expuso a que otras personas sean nuevas víctimas. Nuestra seguridad también es un derecho humano y no podemos permitir este avasallamiento”.

Con respecto a la decisión de la Suprema Corte, la concejal se refirió: “Paró todo gracias al reclamo de una sociedad que se hizo escuchar desde sus casas con los aplausos y por el trabajo en conjunto de las organizaciones de víctimas que pedimos por favor que no liberen presos. Yo creo que una persona que cumple una condena tiene el derecho a ser cuidado ante un posible contagio, pero la Justicia optó por la medida más fácil, se podrían presentar otras alternativas para que no se le sume un miedo más a la gente, que ya padece el riesgo de la pandemia”.

Massa detalló cómo cree que debería controlarse cada prisión domiciliaria. “El Ministerio de Justicia tendría que dar el dato de la cantidad y quiénes accedieron a ese beneficio, hoy no está la información exacta; luego bajarlo al Ministerio de Seguridad y así llegar a los municipios para que los distritos sepan cuáles son las personas que deben tener bajo control. Sobre todo cuando hablamos de casos de violencia de género. De todas formas, el municipio no está obligado a hacerse cargo del control”.

Por último informó, “hasta ahora, no hay personas que estén dentro del distrito y que hayan sido beneficiadas con la prisión domiciliaria. De todas formas, no quiere decir que mañana, por más que haya controles, no contemos con algún caso, por eso hay que estar muy atentos”.

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