La jueza federal Alicia Vence ordenó allanamientos en la Municipalidad de San Martín y le prohibió la salida del país al intendente Fernando Moreira. Ocurre en el marco de una investigación por una denuncia contra un funcionario del Concejo Deliberante, a quien acusan de cobrar con varias tarjetas de crédito de presuntos trabajadores municipales inexistentes.
La causa se inició en diciembre pasado cuando un hombre denunció que cobraba un plan social del Ministerio de Desarrollo Social y le fue interrumpido. Semanas atrás fue allanada la oficina del presidente del Concejo Deliberante en el marco de la misma causa. Por decisión de la jueza, también se impuso la prohibición de salida del país para otras cuatro personas.
Esa primera denuncia se amplió luego sobre un empleado municipal, quien cobraría unos 300 mil pesos por parte de San Martín y le era incompatible la percepción de un plan social. Ese fue el puntapié de la investigación que derivó en descubrir que esta persona tenía varias tarjetas de débito y retiraba el dinero de los empleados en un cajero cercano al Concejo Deliberante. Así es que personas con desconocimiento total figuraban como empleados del Municipio y en nombre de ellos se cobrarían salarios como supuestos trabajares del mismo.
Así la magistrada estableció la investigación en la cual ya impuso la prohibición de salida del país para unas cinco personas, entre ellas al intendente Moreira, cercano a Gabriel Katopodis, actual ministro de Infraestructura y servicios públicos bonaerense.
En el marco de la misma causa, ya se había llevado a cabo el allanamiento de la oficina del presidente del Concejo Deliberante sanmartinense, Sergio González, que falleció en noviembre del año pasado.
La reacción política no se hizo esperar. Desde espacios afines al oficialismo apuntaron contra una “persecución mediática y judicial” y desde la oposición en el HCD ya presentaron un pedido de informes vinculado con un escándalo que cambió la dinámica pública de San Martín.
