El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Martín absolvió al ex cura Carlos Eduardo José, acusado de “abuso sexual gravemente ultrajante triplemente agravado”. Los jueces Raúl Luchelli Ramos, Mónica Carreira y Carolina Martínez consideraron prescripta la denuncia de Mailin Gobbo, quien sufrió entre 1999 y 2008 los abusos, tanto en el colegio San José Obrero de Caseros, como en su propio hogar. José, que permanecía preso hace más de tres años, ya está en libertad, pero no por ser declarado inocente, aunque consiguió el beneficio de la duda parcialmente.

Hay un agravante más, Mailin no fue la única niña abusada. En medio de la conmoción que causó el fallo, Guía de Noticias dialogó con Sandra García, madre de Jazmín, cuya denuncia no llegó a juicio, prescripción mediante. De hecho, sobre cuatro denuncias, una sola terminó en debate oral.

Jazmín fue abusada desde los 9 años, pero su familia se enteró cuando ella tenía 20. “Hoy siento que todas volvimos a ser abusadas por la Justicia, volvimos a ser manoseadas, abandonadas”, se lamentó Sandra, quien había llegado a los tribunales de Avenida Balbín con cierta esperanza, “tener justicia por una era tener justicia por todas”.

“Sentimos mucho dolor, impotencia. No dicen que es inocente”, mencionó, y señaló que “es un peligro, porque nena que esté cerca de él le va a robar la infancia, como se las robó a las nuestras. Era el cura de la escuela, lugar en el que confiábamos. Cuando venía a nuestra casa era como que entraba Dios, nunca ibas a pensar algo semejante”.

Incluso, el ex cura siguió con sus prácticas aberrantes: “Cuando intentó abusar de otra de mis hijas, porque las sacaba del aula para confesarlas, mi hija que tenía 10 años se resistió, y él dijo que era secreto del confesionario”. Las familias insisten con que la Iglesia lo encubrió, porque cuando fue denunciado al Obispado de San Martín, lo mandaron a Tandil.

El daño ocasionado no tiene fecha de prescripción. “Algunas de las víctimas intentaron suicidarse, mi hija es enferma psiquiátrica, tiene un hijo que hace un mes ya no puede vivir con ella. Es como un muerto vivo. Tiene 28 años y la tengo otra vez como un bebe, y debo sacar fuerzas de donde sea – reveló Sandra -. No sé qué va a pasar después de este juicio, que ella fue testigo, removió todo y ahí cayó en un pozo profundo”.

Mientras, no encuentra ningún tipo de asistencia. “Está en lista de espera en una sala de Caseros para que la atienda un psicólogo. También intenté hablar con el intendente, pero no pude”, dijo, y pidió con entereza, “basta de abuso sexual en la infancia, que cambie la ley, la víctima denuncia cuando puede y no cuando quiere”.

LOS CAMINOS LEGALES

Héctor Silveira, uno de los abogados de Mailin, ante la consulta de Guía de Noticias repasó, “fueron 12 hechos, 4 denunciantes, uno solo llegó a juicio. Los otros hechos están en la Suprema Corte, ya que la Cámara los declaró prescriptos”. El paso siguiente en este caso es la apelación en Casación. Cabe mencionar que el fiscal Ricardo Romero había solicitado el máximo de pena por esta tipificación, 20 años.

“Este tribunal es vergonzoso, lo fue históricamente”, lanzó, y redobló: “En Provincia somos parias, no existimos. Somos ciudadanos de segunda. Miren lo que es el Conurbano, un desastre. Hoy siento que fui víctima de la inseguridad, me chorearon adentro. Hay un poder de la Argentina paralela”.

Sobre el futuro del acusado vaticinó, “ahora seguro se va a un spa católico o quizá por las dudas se vaya del país y mañana esté desayunando en algún país limítrofe”. Añadió que “la señal para las víctimas es que no quieren que denuncien, que se callen la boca”.

Por su parte, el abogado Alejandro Stipancic remarcó, “el fallo es deplorable, no por la argumentación, sino por el hecho de las causales por las cuales se resolvió. La prescripción penal fue oportunamente tratada, por eso de los 13 hechos sólo pudimos llegar a un debate oral. Es una resolución absurda”.

Recordó que hay leyes que amparan a las víctimas, como la 27206 que amplía derechos, “está relacionada con darles garantías para que de forma independiente de cuándo haya sucedido el abuso, tengan la posibilidad de denunciarlo”.

“Hay una cuestión de fondo que es la presión que tiene la Iglesia”, destacó, y sumó: “El Estado tampoco les da ninguna respuesta”.