En el marco de un vertiginoso fin de año, desde Nación y Provincia comenzaron a implementar medidas de gobierno con el eje puesto en la reducción del gasto público y, por ende, el déficit. Por esto, el intendente Gustavo Posse adelantó a San Isidro en la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Esta norma fue aprobada por el parlamento nacional la semana pasada y por la Legislatura provincial, en noviembre. Por eso, el jefe comunal quiso mostrar un rápido alineamiento hacia la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Macri, en tiempos en los cuales se encuentra con una creciente competencia interna en Cambiemos. Mientras que otros municipios macristas postergaron el tratamiento para la reanudación del período de sesiones ordinarias en 2018 – aunque en algunos casos lo aplican ya de hecho -, San Isidro lo realizó en cuestión de horas.
Entonces, el Concejo Deliberante realizó una sesión extraordinaria que aprobó la adhesión por 17 votos a favor y 7 en contra. La balanza se volcó a favor gracias al apoyo de ConVocación a la Responsabilidad Fiscal, mientras que los bloques de origen peronista (Unidad Ciudadana, PJ y Frente Renovador) la rechazaron.
Andrés Rolón defendió la iniciativa del oficialismo. Para Cambiemos “Responsabilidad Fiscal implica establecer pautas de comportamiento a largo plazo en las cuentas públicas, que implican endeudamiento, gasto público, personal, el despilfarro de la última hora, y la reducción de las tasas al aparato productivo”. Rechazó que se trate de un modelo de ajuste al sostener que “esto sienta las bases de un crecimiento económico sostenido”.
Por su lado, el vecinalismo argumentó su apoyo en que la ley provincial “incluye reclamos históricos de nuestro partido”, según afirmó Manuel Abella Nazar. En este sentido consideró que una adhesión traería impulso a las políticas de transparencia, reduciría la presión sobre los comercios y limitaría la creación de cargos políticos. “Confiamos en que la adhesión no quede en letra muerta”, reclamó.
La oposición peronista puso el foco en que el proyecto de adhesión implica una política de “ajuste” y lo vinculó con la Reforma Previsional aprobada en el Congreso de la Nación. “Este proyecto está en línea con las políticas de ajuste, habla de reducción de gasto, que los peronistas llamamos inversión social”, rechazó Fabián Brest, del bloque PJ. “Está en sintonía con la metida de mano en el bolsillo de los jubilados que se perpetró en los pasado días”, lanzó.
Otro punto planteado como crítica fue que el Ley de Responsabilidad Fiscal “vulnera la autonomía municipal”. “No podemos decir que San Isidro está asfixiado fiscalmente, mientras que otros que sí, han tenido que adherirse para emitir deuda”, fundamentó Juan Ottavis.
