El Concejo Deliberante de Tres de Febrero informó cuáles son los 16 postulantes a ocupar el cargo de defensor del Pueblo y 8 de ellos contaron a Guía de Noticias cuáles son sus antecedentes y qué ideas tienen para desarrollar en el flamante organismo. Varios tienen experiencia en dependencias del Estado, mientras que otros se desempeñan en entidades de derechos humanos.
De esta manera, el distrito se sumará a una docena de municipios que poseen esta figura, entre los cuales pueden citarse las experiencias de Vicente López y Morón. Si bien es visto como un paso adelante institucional, hay reservas en torno a posibles acuerdos políticos que “contaminen” el proceso.
ROMINA CAPARROTTA: 35 años. Abogada (UBA). Es asesora legal del bloque Frente Renovador en diversas comisiones de la Cámara de Diputados de Buenos Aires, desde 2012. Ejerce la profesión en un estudio jurídico radicado en Santos Lugares.
Expresó: “La Defensoría del Pueblo es un actor fundamental en nuestro sistema de defensa de los Derechos Humanos y tiene que servirnos como contralor de los actos de gobierno y un canal de comunicación entre el Estado y la sociedad. Será prioritario facilitar la recepción de denuncias y el seguimiento de los trámites con la construcción de herramientas que nos permitan el contacto con el vecino. La asistencia a los sectores más desprotegidos será nuestra prioridad”.
MARÍA JOSÉ NÚÑEZ: 37 años. Abogada (Universidad de Morón). Dirige un estudio jurídico integral en Loma Hermosa que aborda casos laborales, de familia, previsionales, entre otros. “Asiduamente lucho por los derechos de las personas de diferente condición económica, así como de un variado espectro variado de problemas”.
“Es necesario buscar soluciones de la manera más apropiada dentro de la ley. Se debe incentivar el diálogo con el sector público y privado, garantizando la propagación de los derechos fundamentales de la comunidad e interviniendo cuando los derechos de los más débiles se encuentren vulnerados. Estoy convencida que podré contribuir con un Tres de Febrero más justo e inclusivo”.
VÍCTOR MANUEL MARCELO DI SALVO: 50 años. Abogado (UBA). Desde fines de 2011 es director general de Control Legal y Técnico en la Municipalidad de San Martín, dependiente de la Secretaría de Gobierno. Tiene a su cargo las direcciones de Asesoría Jurídica, de Defensa al Consumidor, Auditorías y Mediación. Fue director de Legales de la Municipalidad de Luján. Ex director del Instituto de Derecho Administrativo del CASM.
Señaló: “Mis ejes serán el control, fiscalización y optimización de los recursos aplicados a la gestión de la cosa pública, los que no se circunscriben al control del accionar de los funcionarios o empleados municipales o la correcta prestación de servicio que atraviesan el distrito. Entiendo que el defensor del Pueblo puede ser un facilitador en la resolución de conflictos que puedan originarse entre los vecinos y el Estado. Además, debe cumplir una función formativa y divulgación de normas”.
SAMANTA ROXANA LAGRUTTA: 34 años. Abogada (UBA) y docente. Especialista en Derecho del Consumidor. Coordinadora de Capacitación de la Dirección de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de San Martín. Organiza talleres de formación en la materia en diferentes municipios, colegios de abogados y escuelas de Provincia. Coautora del libro “El procedimiento administrativo de consumo en la provincia de Buenos Aires. Guía práctica”, declarado de interés legislativo en la Legislatura bonaerense y porteña. Encabeza un estudio jurídico integral en San Martín.
Mencionó: “Es necesario atender la vulneración de los derechos que no se puede contrarrestar desde lo administrativo, ya sea por parte del propio Estado o los privados. La Defensoría puede y debe actuar en defensa de las personas y grupos más vulnerables”.
ANDREA BARRIO: 36 años. Abogada (UBA). Desde 2010 es coordinadora jurídica de la Defensoría del Pueblo de Morón. Sus tareas son asesorar y asistir en las cuestiones de carácter jurídico al vecino y al defensor, instruir los sumarios administrativos internos y ejercer la representación legal del organismo, entre otras. También debe estudiar y elaborar proyectos de modificación de las normas municipales. Su práctica profesional fue en CAREF y CELS. Asesora legal en el INADI entre 2008 y 2009.
“Mi objetivo es resolver los problemas de los vecinos, acompañarlos, asesorarlos y asistirlos en los casos que se requiera. Aquellos problemas crónicos hay que abordarlos de oficio. Y articular con las instituciones que son las responsables de responder”.
PABLO MARTÍN PEREZ LEDESMA: 32 años. Abogado y procurador (UBA). Docente de Derechos Humanos y Garantías y de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UBA. Investigador UBACyT. Secretario jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza. Ex miembro del Consejo de Presidencia de la APDH Nacional. Integrante de diferentes organismos de DD.HH.
Indicó: “Crearía un programa de atención y gestión de casos, para la orientación, asesoramiento, asistencia integral y patrocinio jurídico gratuito en situaciones de afectación de derechos individuales y colectivos. También un programa de fiscalización y monitoreo de políticas públicas municipales. Asimismo, un programa de promoción y difusión de derechos humanos una política de transparencia para la Defensoría, que sume una mesa de trabajo interinstitucional y una asamblea de vecinos”.
ALEJANDRA TIMBERINI: 52 años. Abogada (UBA), especializada en derecho penal. Abogada de Niños, Niñas y Adolescentes. Profesora adjunta de la cátedra de la UBA Práctico Profesional Derecho Penal. Integrante de las comisiones del CASM de Asistencia a la Víctima, Violencia de Género, Veedora de Cárceles y Comisarías. Abogada en la Subsecretaría de Derechos Humanos de San Martín en 2014 y en la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Buenos Aires hasta 2017.
“Formaría un organismo donde se trabaje para el fortalecimiento de la democracia en sentido amplio, garantizando el acceso a los sectores más vulnerables de nuestro Tres de Febrero y actuando en favor de resolver los conflictos sin llegar a la judicialización. Plantearía un trabajo en redes con la experiencia de otros municipios y formaría grupos de trabajo interdisciplinarios en las diferentes áreas más preocupantes”.
ANDRÉS LÓPEZ: Abogado (UBA). Encabeza un estudio jurídico radicado en Tres de Febrero. Asesor. Integra una institución intermedia.
“La adopción de la figura del defensor del Pueblo tiene que ser reconocido como un gran avance. Principalmente porque estamos atravesando un período en el que el Estado avanza lesionando derechos y garantías con grandes arbitrariedades que se cometen en campos como la recaudación fiscal impositiva y los sistemas de multas. Pero, a la vez, se retira dejando de brindar una gran cantidad de prestaciones como en la salud”.
NÓMINA COMPLETA
El resto de los postulantes son: Romina Luengo, Daniel Dentice, María Fernanda Lacey, Esilda Chamorro, Silvia Abriata, Carlos Caramés, Catalina Quevedo y Gabriela de Cicco. Con varios de estos postulantes Guía de Noticias se puso en contacto, sin obtener respuesta.
CÓMO SIGUE EL PROCESO
Según estipula la ordenanza 3297 de creación de la Defensoría, pasados tres días de la publicación de los nombres postulados, se abre un período de cinco días para efectuar por escrito impugnaciones u observaciones. Desde la Presidencia del Concejo Deliberante informaron que aún no se presentaron quejas.
En las próximas semanas se reunirá la Comisión de Interpretación y Reglamento, que evaluará los legajos de los candidatos y considerará la posibilidad de audiencias públicas. Tras este proceso informará cuál será la persona seleccionada para el flamante cargo.
