La renuncia a la Corte Suprema de Elena Highton de Nolasco no tomó por sorpresa al Presidente: la jueza llamó por teléfono a Alberto Fernández para anunciarle su decisión. Highton de Nolasco forma parte del máximo tribunal de Justicia de la Nación desde 2004, cuando fue propuesta por el ex presidente Néstor Kirchner. En su momento, ingresó en reemplazo de Eduardo Moliné O’Connor, que había sido destituido.

Trascendida la noticia y en un contexto electoral, comenzaron las especulaciones y la danza de nombres para su reemplazo. En ese sentido, distintas funcionarias del gobierno nacional informaron que «sí o sí» el puesto que deja Highton debe ser ocupado por una mujer y que sería «inconcebible» que fuera de otro modo, dado que el resto de los jueces supremos son varones.

Más allá de las opiniones, según el artículo 3 del decreto 222/03, firmado por Néstor Kirchner, «al momento de la consideración de cada propuesta» debe tenerse presente «en la medida de lo posible, la composición general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal». Es decir, la reemplazante debería ser una mujer.

Una de las posibilidades es que quien ocupe el cargo que dejará Highton de Nolasco a fin de mes sea una penalista, ya que en la actualidad no hay ningún especialista de esa área dentro de la Corte. En esa línea, uno de los nombres en danza es el de Ángela Ledesma, jueza de Cámara Federal de Casación Penal, abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Otra posibilidad es que el cargo lo ocupe Ana María Figueroa, jueza de Casación; o la jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Gabriela Vázquez, que a su vez fue la primera presidenta mujer del Consejo de la Magistratura.

Otro de los nombres que suena con fuerza es el de la doctora en Derecho de la UBA Marisa Herrera. Con anterioridad, Herrera había sido mencionada como posible ministra de Justicia, cuando en marzo de 2021 el Gobierno anunció que Marcela Losardo iba a dejar su cargo, puesto que finalmente ocupó el actual titular de la cartera, Martín Soria. Herrera podría ser una de las propuestas por Alberto Fernández para integrar el máximo tribunal de Justicia de la Nación.

El nombre de Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, también fue mencionado como una de las posibilidades, pero desde su entorno prefieren no hacer comentarios. Otra figura que por estas horas circula como posible candidata es la directora de Asuntos Jurídicos en el Senado, Graciana Peñafort, y también Aída Kemelmajer, una jueza mendocina que, junto con Ricardo Lorenzetti y Highton de Nolasco, integró la comisión que estuvo a cargo de la reforma del Código Civil durante el gobierno de Cristina Fernández.

En las filas de la oposición dicen que la salida de Highton de Nolasco podría alterar algunos acuerdos que hay en materia judicial, sobretodo la predisposición para votar la candidatura de Daniel Rafecas para la Procuración General de la Nación después del 14 de noviembre. Dentro de Juntos por el Cambio hay quienes sostienen que el radicalismo podría proponer algunos nombres de juristas prestigiosas para integrar el máximo tribunal. Una de las candidatas para ese sector podría ser Mónica Pinto, presidenta de los Tribunales Administrativos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, y ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; o Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.