Analía Zappulla, presidente del bloque Cambiemos de Morón, es una de las espadas que tiene el oficialismo, no sólo en el Concejo Deliberante, donde la paridad de fuerzas impone una gimnasia de acuerdos permanentes.
En diálogo con Guía de Noticias evaluó sobre el rol que asumió desde diciembre: “Siento que es un rol difícil, de mucha responsabilidad. Atrás mío no sólo está el bloque que represento sino todo el gobierno municipal. La tarea tiene que ver con representar a la gestión”.
El Concejo dividido en tercios podría ser una oportunidad para consensuar o una dificultad para que el oficialismo apruebe proyectos clave…
Nosotros lo vemos como un desafío de encontrar consensos. Una situación que hasta ahora era bastante inédita. El oficialismo tiene que generar espacios de diálogo; también cambió el rol que debe tener la oposición, de posibilitar que se gestione. Si todo el tiempo emerge una oposición irresponsable que traba sistemáticamente las agendas legislativas, eso implicaría la paralización de muchas cosas esenciales de gestión.
La relación con NE – FpV es conflictiva y con el massismo hay más chance de consenso. ¿Visualiza que esta situación se sostenga en el tiempo?
Lo saludable sería que eso se vaya modificando. Siento por parte del FpV un nivel de irresponsabilidad en términos de su rol de oposición, está en un rol deliberado de sabotaje a la gestión. El primer acto de sabotaje fue dejar de pagar a partir de la segunda quincena de octubre a los proveedores municipales; otro acto de sabotaje fue hacer desaparecer información vital para el municipio; y la deuda que dejaron, casi 200 millones (…).
Por otro lado, el Frente Renovador, sí tiene una actitud de generar un espacio en donde se pueda dialogar.
Existe una denuncia por faltante de bienes presentada por la presidente del Concejo, ¿cree que se pueden sumar otras causas?
Nuestra intención no es judicializar la política. Pero, lo cierto es que como funcionarios tenemos la obligación de realizar la denuncia cuando creemos que existe la comisión de algún tipo de delito (…). Nos encontramos con inmensas desprolijidades administrativas, después es la Justicia quien dirá si hubo delito.
Todas las observaciones que están haciendo entran en colisión con la premisa de transparencia que tuvo el gobierno anterior.
Una de las cuestiones es que tenía un discurso que se había convertido en una cáscara, en muchos casos para esconder las cuestiones que denunciamos; se decía que los funcionarios no tenían privilegios, pero tenían el privilegio por debajo de la mesa con la anulación de multas. En el sistema de compras se llamaba a licitación y las empresas ganadoras eran siempre las mismas cuatro, en una clara cartelización de la obra pública. O la fragmentación de los montos para hacer compras directas.
¿Los trabajadores municipales corren riesgo de perder el empleo?
Lo que hicimos fue dar de baja alrededor de cien contratos temporarios. Había tres características: personas que nunca se habían presentado a trabajar; otras no cumplían bien el rol para el cual habían sido designadas y otras, directamente saboteaban la gestión. No hay una cuestión como se quiere instalar de persecución política o ideológica.
Por otro lado, trabajamos en un plan para regularizar paulatinamente la situación del personal contratado, igual que implementar mejoras en los sueldos básicos.
¿Era realmente necesaria la emergencia en seguridad y la financiera – administrativa?
La de seguridad fue votada de forma unánime. Tiene que ver con el reconocimiento de un problema que no fue reconocido durante un montón de años. La emergencia económica y financiera era necesaria en términos de garantizar continuidad y aumentar la calidad de los servicios que ofrece el municipio, regularizando el tema de la deuda. A partir de eso se creó una comisión revisora de cuentas. No es de ninguna manera un ajuste.
Se discute nuevamente el tema de la Oficina Anticorrupción, ¿debe quedar en manos de la oposición, como pide el massismo?
La Oficina Anticorrupción fue un tema nuestro de campaña. Tenemos para trabajar un proyecto de Ordenanza, que en algunos puntos coincide con el proyecto del Frente Renovador. El FpV tiene tomada la posición que el manejo debe pertenecer al oficialismo.
(…) Todos presentamos nuestras declaraciones juradas y está a disposición de quien las pida. La discusión pasa por si debe ser publicada.
