El 8 de julio de 2008, un fallo de la Corte Suprema ordenó a ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo) recomponer el daño ambiental producido en la cuenca. Una década después, no sólo persisten debilidades en el control y la gestión, sino que se planea instalar tres plantas incineradoras en la zona: en Villa Riachuelo, Lomas de Zamora y Ezeiza.
Tras la modificación de la Ley de Basura Cero que habilita la incineración de residuos – hoy frenada por la Justicia tras un amparo colectivo que exige la nulidad -, prevén la construcción de siete plantas incineradoras, seis en la provincia de Buenos Aires y una en la Ciudad.
“Los vecinos de la zona nuevamente van a sufrir las consecuencias de las decisiones de un gobierno que no piensa en los efectos contaminantes. Quemar basura mata y contamina, además de ser un método costoso y obsoleto. El gobierno dice que la Ley de Basura Cero fracasó, pero son ellos los que fallaron en su implementación, así como fracasaron en el cumplimiento del fallo Mendoza”, dijo Leonel Mingo, coordinador de campañas de Greenpeace.
La ONG ambientalista, como parte del cuerpo colegiado junto a la Defensoría del Pueblo de la Nación, FARN, CELS, AVLB, y ACDH, reclamó con acciones públicas por la implementación efectiva y el cumplimiento del fallo Mendoza por 10 años.
Tras una década, aún no generaron capacidades para evaluar la situación de salud ambiental ni se articuló una intervención de las distintas áreas de ACUMAR para reducir la exposición de poblaciones especialmente vulnerables a amenazas producidas por la contaminación.
En 2016, luego de 5200 millones de dólares gastados, sólo se había cumplido con el 20% de lo exigido por la ley. “El caso debe transformarse en una política de Estado que atienda las necesidades de quienes habitan uno de los espacios territoriales más degradados del país. Incinerar en la zona y aumentar la contaminación no es la solución”, concluyó Mingo.
