La movida fue por sobre todo política – para marcar la cancha en esta nueva coyuntura -, ya que los concejales de la oposición en Ituzaingó no esperaban grandes novedades de la interpelación por el manejo del área de Seguridad. Tampoco fue sorpresa que Alberto Descalzo enviara a otro funcionario del Ejecutivo, el secretario de Gobierno, Alfredo Almeida, quien casi no transpiró la camiseta en el recinto y confirmó que el jefe comunal quiere superar sus diferencias con Provincia; de hecho, hay pactada una reunión esta semana con el ministro Ritondo.
Las dos horas de sesión especial pueden resumirse en que el oficialismo hace una leve autocrítica por el conflicto desatado con el gobierno de Vidal y, efectivamente, el fusible fue el subsecretario Hugo Rojas, quien parece tomó convenientemente la decisión de quitarle la colaboración a la Policía Local. El intendente redobló la apuesta y encabeza el pelotón de dirigentes que piden la conducción de la Policía Local y motorizan una nueva ley. El tercer punto de la exposición fue atribuir la violencia del 30 de junio, en Ratti, a un episodio organizado sin aportar ningún dato nuevo; en ese sentido, deslinda todo el tema en la Justicia.
La barra fue uno de los protagonistas de la jornada y casi no dejó hablar a algunos representantes de la oposición, en especial el socialista Vallarino, quien insistió sobre la responsabilidad del jefe comunal. La militancia colmó el recinto y sus inmediaciones desde temprano; de hecho, los periodistas sólo pudimos ingresar tras intensos reclamos ante Presidencia. Almeida no fue solo, lo acompañaron varios funcionarios del Ejecutivo, como los secretarios Marcelo Nadal y Pablo Piana. El secretario de Gobierno leyó en principio un informe relacionado con los incidentes en torno al circo y el presidente del cuerpo, Pablo Descalzo, habilitó luego una pregunta por edil y un bonus track de una pregunta más por bloque.
La tenue autocrítica llegó cuando Almeida hizo referencia al retiro de móviles y equipos de comunicación a la Policía Local, “fue una desinteligencia entre funcionarios municipales y policiales”, dijo, y comentó que parte de esos 10 vehículos iban a reparación. “No hay disputa política”, aseguró ante la consulta por la evidente puja con Ritondo. No fue la única obviedad que negó, en esa línea estuvo desconocer el vínculo que tenía el comisario Castillo con la gestión, expuesto tras el asalto al empresario Alberto Traverso.
Como eje medular, indicó: “No podemos hacernos cargo de la seguridad si no tenemos la conducción de la fuerza”, y aclaró que “el territorio lo conocen los vecinos y las autoridades municipales”. De todos modos, remarcó que el municipio invirtió hasta junio en seguridad 15 millones. ¿Tema cerrado?
