El Concejo Deliberante de Tres de Febrero convocó nuevamente a una asamblea de Mayores Contribuyentes para realizar modificaciones sobre las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes; de esta manera, el gobierno de Diego Valenzuela readecuará la recaudación municipal desactualizada en varios rubros. Por otro lado autorizó al Ejecutivo a tomar un empréstito con el Banco Provincia por 80 millones, destinado a equipamiento vial.
El encuentro – posterior a una sesión ordinaria en la cual ingresó el Presupuesto 2017 – se dividió en dos momentos claramente marcados: las reformas tributarias en la mayoría de los artículos contaron con acompañamiento unánime. En cambio, el crédito suscitó varios cruces, previsibles desde la previa.
Carlos Montaña del FpV – PJ y Raúl Mazzeo del bloque Peronista Arturo Jauretche estuvieron ausentes. Julio Candia reapareció en el recinto luego de una intervención quirúrgica y agradeció la solidaridad de sus pares. Además, ocuparon sus lugares 19 Mayores Contribuyentes.
La presidenta de la comisión de Hacienda, Patricia Rodríguez, explicó los cambios. En ese sentido hizo alusión a “distorsiones y omisiones detectadas por el Departamento Ejecutivo”, que podrían llevar al “terreno de la discrecionalidad”.
El artículo sobresaliente fue el que alcanza a las salas de juego, que pasarán de aportar 20 mil pesos mensuales a 100 mil. La edil de Cambiemos dijo que establecieron comparativos con los bingos de distritos vecinos, de los cuales se desprendió que Tres de Febrero poseía “un mínimo muy bajo para la actividad”.
Aunque esa votación terminó aprobada por unanimidad, corrió distinta suerte la cláusula que dispone el cobro del canon retroactivo al 1 de agosto. Agustín Ciorciari (FpV – PJ) cuestionó la realización de la asamblea en esta fecha cuando será tratada en breve la Fiscal – Impositiva 2017. Asimismo calificó al cobro retroactivo como “no legal”. De todos modos, los 9 votos en contra no fueron suficientes para frenar la medida.
DISCUSIÓN DE FORMAS
Dichas modificaciones fueron una especie de precalentamiento para el tema central. El empréstito por 80 millones a pagar en 36 meses con 11 meses de gracia, destinados a la compra de vehículos y herramientas viales. Tomando sólo a los concejales, 11 votaron de forma afirmativa, 6 negativa y 5 optaron por la abstención.
En el debate surgieron varios aspectos: la conveniencia del municipio de endeudarse, el cuestionamiento a las tercerizaciones de servicios y el control del destino de los recursos. “No queremos resignar el rol del Estado comunal, buscamos fortalecer las funciones del municipio”, señaló Patricia Rodríguez.
Gustavo Spalletti, titular de UNA – Frente Renovador, tras anticipar la abstención aclaró, “nuestro bloque acuerda poner en valor los activos y las arcas municipales”, pero enumeró también una serie de reparos. “Esta fuerza política ya apostó a la gestión”, recordó, y citó el ejemplo de la moratoria impositiva, que sin estar de acuerdo acompañaron para “contribuir con la gobernabilidad”. Agregó que como devolución del oficialismo el massismo desconoce hasta la fecha el resultado de dicha moratoria.
Fue más lejos y ante la paridad actual de fuerzas consideró: “Si fracasa la política corre riesgo la actividad legislativa. Debe haber más consenso, diálogo, responsabilidad”. Concluyó que con Cambiemos no coinciden en las formas.
Las respuestas llegaron de parte del Mayor Contribuyente y ex candidato de Recrear Eduardo Costas, quien avaló la moratoria como instrumento respaldatorio de los gobiernos de Vidal y de Macri.
Por su parte, Fernando Ramos (Cambiemos) negó que las iniciativas de la gestión de Valenzuela sean marketing. “Hacemos obras de transformación”, sostuvo, y añadió que “el préstamo es para incorporar patrimonio al municipio, que reemplace el alquiler de maquinaria”.
El massista Martín Jofré lo retrucó: “No estamos en contra del préstamo, es una buena herramienta. (…) Dejemos la foto y pongámonos a trabajar”.
Máximo Rodríguez, presidente del bloque justicialista, marcó la posición más crítica, que justificó los seis votos negativos. “Tomando en cuenta los números del Ejecutivo, no había necesidad de pedir el empréstito”, apuntó. En cambio remarcó que el bloque acompaña la decisión de adquirir maquinaria. Y deslizó sus dudas por los controles: “No tenemos información sobre la moratoria, los plazos fijos, la planta de empleados”.
