Jefes policiales descontentos con la política de seguridad de María Eugenia Vidal se reunieron con punteros vinculados al histórico aparato peronista bonaerense. La hipótesis de conflicto social violento en los últimos días del año sobrevoló esas conversaciones. De allí al virtual aliento a los disturbios, liberando zonas para la acción de bandas de delincuentes, pareció haber menos que un paso. Si pretendían que las reuniones fueran secretas no lo lograron. Alguien habló. Las autoridades tomaron conocimiento y esta última semana fueron desplazados cuatro comisarios de la Policía Bonaerense en el municipio de Tres de Febrero.
Ese distrito, con 350.000 habitantes, tiene sembradas en su territorio doce comisarías. Un tercio, entonces, fueron las descabezadas. Durante 24 años seguidos gobernó allí Hugo Curto, patrón del peronismo. Hace un año cambió la mano: el intendente ahora es el macrista Diego Valenzuela.
Los desplazamientos de comisarios se decidieron desde el Ministerio de Seguridad provincial, que dirige Cristian Ritondo. Fue una cara visible, aunque discreta, del dispositivo de control que se montó en el Gran Buenos Aires para prevenir disturbios y saqueos en el final del año.
Quienes encabezan esta operación insisten en que no hay estructuras políticas, sindicales ni sociales importantes jugando a la desestabilización. Eso despeja los mayores temores. Pero admiten que hay dirigentes “que están camino a la jubilación” que podrían intentar un manotazo desesperado. Apuntan a sectores recalcitrantes del kirchnerismo y del peronismo derrotado en 2015. “Les vamos a mostrar que nosotros estamos al mando y no nos vamos a dejar boludear”, dicen.
La Matanza, Merlo, Moreno, Florencio Varela, San Martín, José C. Paz, Avellaneda y Lomas de Zamora son municipios donde existen potenciales focos de zozobra para las próximas dos semanas.
El periodista Daniel Santoro informó en Clarín que el Ministerio de Defensa aguarda un decreto del presidente Macri para destinar militares a la custodia de centrales nucleares y represas hidroeléctricas, para liberar así a 1.200 gendarmes que serían trasladados al Conurbano. Allí ya están desplegados 6.800 efectivos de las fuerzas federales.
Los intendentes tienen una visión más cercana a la realidad concreta de sus vecinos. Valenzuela dice que el caldo de cultivo para potenciales desórdenes es la mezcla entre “la necesidad que sufre mucha gente y la inseguridad que nos afecta a todos, a pesar de lo que se fue mejorando”. Y pone de relieve la red de contención social que arman los municipios del GBA más allá de su color político, en colaboración con autoridades provinciales y nacionales.
Gabriel Katopodis, peronista de San Martín, camina sobre argumentos similares. “La situación social está picante desde hace tiempo y este año más. Pero hoy lo que falta no es comida, sino un horizonte para los pibes que los aleje del delito”, señala.
El suyo es un distrito de riesgo. Pegado a Tres de Febrero y también limítrofe con la Capital, tiene 425.000 habitantes. Cuando desde el Gobierno le ofrecieron el envío de camiones con alimentos para repartir en villas y asentamientos los aceptó, desde ya. Pero advirtió que su preocupación central era que se produjeran tomas de tierras. Saben por experiencia los intendentes que si esos episodios no se acotan y neutralizan pronto, pueden desencadenar un descontrol mayor y más extendido.
Los finales de año nunca fueron tranquilos para Katopodis, que va por su segundo mandato. “Hay que tener cuidado con el efecto contagio. Si te distraés por ahí se te complica una situación que empezó con un grupito de pibes llevándose puesto un supermercado chino”, señala.
Con más recursos y tecnología, el Ministerio de Seguridad nacional enfoca el mismo fenómeno desde otro ángulo: trabaja para ponerle un cerrojo a quienes puedan alentar disturbios y saqueos movidos por una evidente intencionalidad política.
