En días en los cuales el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, tomó vacaciones, su gabinete municipal está en el foco de la tormenta. Aunque no existió confirmación oficial, hubo dos salidas recientes, la del secretario de Economía y Finanzas, Sebastián Torrillas, y la del subsecretario de Gobierno, Gerardo Calabria, esta última levantando polvareda.
El ex concejal Calabria es un dirigente del peronismo de Morón cercano a “Juanchi” Zabaleta, pero en malos términos con el FpV local desde su incorporación al gobierno de Tagliaferro. Difundió a través de varios medios su nota de renuncia – del 5 de enero – para desestimar versiones que fue echado. En dicho texto explica: “Debido a la incompatibilidad en el funcionamiento del equipo de la Secretaría de Gobierno, fiel a mis principios y en pos de no entorpecer su gestión municipal, he decidido presentar mi renuncia en forma indeclinable al cargo”. En definitiva era insostenible la convivencia con el secretario Mario Russo.
De Russo se puede decir que demostró eficiencia para tejer acuerdos políticos – en gran medida con Nuevo Encuentro – que posibilitaron, por ejemplo, la aprobación sin contratiempos de Presupuesto y reforma de la Fiscal – Impositiva. Y del jefe comunal del PRO se puede suponer que va por un nuevo reajuste de perfil de gabinete.
Si bien la renuncia de Torrillas no generó polémica interna, resultan curiosos los movimientos del sector en el primer año de Cambiemos, en el cual hubo de hecho emergencia económica; ya se habían ido hace un tiempo los subsecretarios de Tributos Municipales Ranielli y Espinosa Guerci.
En medio de esta situación fue ventilado el pasado de prontuario del director de Defensa Civil, José “Cuqui” Gómez, quien se desempeñó con idéntico cargo en el gobierno de Ricardo Ivoskus en San Martín, quien lo “bancó” hasta último momento y más, queda claro.
Gómez, un radical ex policía, sospechado de haber pertenecido a servicios de inteligencia, por su paso en San Martín tuvo múltiples denuncias (y alguna condena) por abuso sexual, acoso laboral, amenazas, portación e intimidación con armas de fuego, xenofobia y malversación de caudales públicos.
