El gobierno bonaerense pasó a disponibilidad a 58 policías de la bonaerense, la mayoría integrantes de la cúpula y de cargos jerárquicos en la fuerza. La nómina se compone de 1 comisario mayor; 3 comisarios inspectores; 14 comisarios; 37 subcomisarios; 2 oficiales principales y 1 inspector.
Tras el decreto 116 que firmó la gobernadora María Eugenia Vidal en abril, todos los funcionarios bonaerenses debieron presentar su declaración jurada de bienes. El plazo para que todos los comisarios y subcomisarios comenzaran a realizar sus presentaciones se fue ampliando.
Sin embargo, el Ministerio de Seguridad que encabeza Cristian Ritondo detectó 58 casos en los que no se presentó ninguna documentación vinculada al patrimonio hasta enero.
El Ejecutivo bonaerense evita utilizar la palabra “purga”, prefieren referirse a una “reestructuración”. La noticia trascendió en momento en que Vidal está de vacaciones fuera del país; la decisión de echar a los policías se mantuvo en reserva tras una reunión entre Vidal, Ritondo, Salvai y el jefe de Asuntos Internos, Guillermo Berra. La mayoría de los funcionarios despedidos fueron intimados y hasta recibieron suspensiones por cinco días.
Según fuentes oficiales, la gran mayoría se desempeña en el Conurbano, La Plata y Quilmes. Además, fueron denunciados en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), para que puedan cotejar si hay denuncias sobre ellos.
