En la cuerda floja desde noviembre del año pasado cuando fue suspendido, y mientras avanza el juicio político en su contra, el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, dio un nuevo paso hacia el abismo: la jueza federal Sandra Arroyo Salgado lo procesó por el delito de encubrimiento agravado en el “tráfico ilegal de estupefacientes”. O, de un modo más concreto, por su presunta complicidad con el narcotráfico.
En tanto, la magistrada también enjuició a los máximos colaboradores de Novo: sus adjuntos Eduardo Vaiani y Rodrigo Caro, y las secretarias Melisa Rey y Mariana Busse. Los procesados están imputados también de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor funcional”.
El juicio había sido solicitado por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, quien el año pasado los citó a indagatoria, mientras se inició el jury y la Suprema Corte de Justicia bonaerense los suspendió por 120 días.
En la causa abierta contra Novo se investiga la participación que el representante de ministerio público tuvo en hechos resonantes como los crímenes de Unicenter, San Fernando y General Rodríguez, el tráfico de efedrina, su vinculación con el narco colombiano Henry de Jesús López, alias “Mi Sangre”, y el lavado de dinero en barrios privados de Tigre.
Justamente, Novo fue acusado de otorgar protección judicial a una banda de narcotraficantes colombianos que operaban en la Provincia y que estaría vinculada con los casos mencionados, de los cuales el más paradigmático es el doble crimen de Unicenter.
El expediente se inició a raíz de una presentación judicial del fiscal de San Isidro Luis Angelini, quien investigaba las muertes de Unicenter y de otro colombiano, Juan Sebastián Galvis Ramírez, registrada en 2009, en San Fernando. También, Novo fue acusado por los mismos hechos por el ex legislador Marcelo Saín.
Angelini sostuvo que Novo entorpeció sus investigaciones una vez que apareció en ellas el nombre de Gustavo Juliá, con presuntas conexiones con los sicarios colombianos. Entonces, ni siquiera había estallado el escándalo por el que luego el empresario sería condenado, en Barcelona, por el tráfico de una tonelada de cocaína oculta en uno de sus lujosos jets privados.
Los investigadores determinaron la existencia de una relación de amistad entre Novo y Juliá, y que el abogado del ex empresario de aviación, Carlos Broitman, es el esposo de Mariana Busse, una secretaria que se designó especialmente para “trabajar” con Angelini, al iniciarse la pesquisa.
Cuando en 2012 cayeron los hermanos Juliá, las represalias del fiscal de San Isidro hacia su colega no ahorraron dramatismo: le inició varios sumarios, le sacó su despacho y hasta lo dejó sin computadora.
“Fue parte de una deliberada y sistemática maniobra compuesta por diversos actos de entorpecimiento, frustración y obstaculización”, consideró el fiscal Domínguez, al tiempo que concluyó que todo fue parte de un fin más oscuro: “Brindar cobertura e impunidad a la red narcocriminal que contextualizó y motivó, entre otros, los homicidios de Unicenter”.
Ahora, mientras la Justicia avanza en su contra, resta definir la próxima fecha del jury. La Secretaría de Enjuiciamiento ya terminó la instrucción y fue elevada al presidente de la Corte para acusación y defensa. Cuando se produzcan esas dos etapas procesales, se fijará la próxima reunión.
UN PROTEGIDO DE FALBO
Novo no actuó solo, sino que lo hizo amparado por la jefa de los fiscales, María del Carmen Falbo. “Falbo lo encubrió en forma permanente”, sostuvo la diputada de la Coalición Cívica-ARI Elisa Carrió cuando en noviembre la Suprema Corte suspendió al fiscal por la causa en la que resultó procesado.
Es que las irregularidades ocurridas en la órbita de la Fiscalía General de San Isidro fueron oportunamente puestas en conocimiento de Falbo, quien se mantuvo sospechosamente indiferente ante la pasividad narco de Novo. A despecho de las graves denuncias, la Procuración General no impulsó actuaciones administrativas destinadas a desnudar el accionar del fiscal.
Ya en 2010, Carrió había pedido el juicio político que cinco años después inició el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Para la líder de la CC-ARI, no había dudas de su “encubrimiento” y, fiel a su estilo de disparar con munición gruesa, habló de la “estrecha relación” del fiscal con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el ex jefe de Gabinete, Aníbal “La Morsa” Fernández.
