El diputado provincial del Frente Renovador Ramiro Gutiérrez visitó Morón para debatir acerca del proyecto de ley de Protección a la Víctima, impulsado por Sergio Massa en el Congreso Nacional. Ofició como anfitrión el edil Martin Marinucci y acompañaron en el panel Fernando Bellido, juez integrante de la sala de Garantías de Morón, y Daniel Roggero, abogado de la asociación de víctimas Usina de Justicia.
La charla fue organizada por la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, la asociación civil Puentes – de la cual Bellido es referente – y Usina de Justicia. Se realizó en el Salón Le Parc del Sindicato SEOCA Zona Oeste, colmado por una audiencia de concejales del FR, abogados, damnificados por la inseguridad y la violencia de género, así como militancia política y gremial.
Marinucci destacó que esta iniciativa “es una deuda de los gobiernos” y subsana “una desigualdad de oportunidades entre los ciudadanos”. “Aunque estamos haciendo una ley para cuidar a las victimas aún quedan leyes para prevenir que las haya”, demandó.
Ramiro Gutiérrez sintetizó el proyecto que impulsa el massismo a nivel nacional como que “cada víctima tiene que tener quien la defienda”. Pero, el legislador oriundo de Dolores deploró la distancia entre los ciudadanos y las autoridades judiciales que deben darles respuesta. Por eso aboga por “jueces que sean pueblo, que conozcan las miserias y bondades de la gente. No nos sirven los jueces de oficina que no reciben a las personas”.
Tras su exposición los especialistas abrieron una charla con el público, donde respondieron consultas y escucharon los testimonios de vecinos que padecieron hechos de inseguridad y violencia.
DOBLEMENTE VICTIMAS
“Hoy, en la Argentina la víctima es un perdedor por partida doble. Pierde cuando el delincuente entró en su casa y cuando el Estado le dice ‘quedate tranquilo yo te lo soluciono’. Pero nada le soluciona”, lanzó Gutiérrez. “Por eso es necesario una ley nacional que aún no existe para quien es el actor del dolor, del perjuicio”.
“Pero teníamos una balanza inclinada en un solo platillo, cargando de derechos al supuesto delincuente”, reprochó. “Le vamos a dar derechos a la víctima, en un enfoque diferencial y especializado”, ya que “no es lo mismo una persona de tercera edad que un joven, o una víctima de género que una de robo”.
Sobre todo sostuvo que el proyecto prevé Centros de Asistencia y Protección en todo el país. Así se evitaría el peregrinar muchas veces infructuoso en juzgados, fiscalías y comisarias, y garantizar de esa manera el acceso a la Justicia. Se propone que allí los damnificados consigan representación letrada y acompañamiento de psicólogos o trabajadores sociales antes, durante y después de un proceso penal.
Estos centros serían en una primera etapa competencia del Poder Ejecutivo Nacional – que cuenta con más presupuesto que el Poder Judicial – , para en una etapa posterior pasar al ámbito judicial. Aunque también podría establecer convenios con organismos similares que ya existen en provincias y municipios.
De entre las organizaciones de la sociedad civil que exigen una ley nacional de protección a la víctima se destaca Usina de Justicia. Esta entidad tiene como principal objetivo que no se “revictimice a las víctimas” por parte del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, y buscan que el derecho penal empiece a girar en torno a las necesidades de los perjudicados.
Daniel Roggero, representante de esta asociación, enfatizó que en la Justicia “falta un abordaje sistémico, donde se integren todas las partes. Lo que se estila en Argentina es el parche, una respuesta a la mediatización de un problema, como el Caso Blumberg”. Y en consecuencia, señaló que “cuando se reconozca a quien sufre un hecho de inseguridad en todas sus dimensiones, vamos a respetar más a las víctimas con una respuesta justa y sin demora”.
ZAFFARONI Y LA BATALLA CULTURAL
Por su parte, el camarista Fernando Bellido apuntó contra el paradigma abolicionista en materia penal que defiende el ex ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni. “No cree en la pena y toma un montón de medidas para que se minimice. Quería declarar inconstitucional la reincidencia y viola la ley porque quiere penar a menos del mínimo”.
“Esta línea se baja en las universidades, donde se forman los abogados que la replican”, alertó, y añadió “creo que la batalla social está ganada, pero la cultural es más difícil, porque somos minoría”.
