El Senado convirtió en ley por unanimidad la prórroga de la emergencia alimentaria hasta 2022, pero hubo fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición que no se habían dado en Diputados cuando se le dio media sanción a la iniciativa.
Las discusiones aparecieron con la defensa oficialista a las políticas sociales de Mauricio Macri. Fue el radical Luis Naidenoff el que desató la mayor reacción entre los opositores, que habían impulsado la emergencia. «Fue este gobierno el que incorporó al 90 por ciento de los chicos a la Asignación Universal», exclamó el radical. «El rostro de la pobreza nos interpela a todos, no sólo al Gobierno», disparó, y sugirió que el debate por el hambre tenía un tinte electoralista.
José Mayans y Marcelo Fuentes, de la oposición, lo cruzaron. Esteban Bullrich, por el oficialismo, se sumó a los cruces. Y tuvo que mediar la presidenta del cuerpo, Gabriela Michetti. De todos modos, la ley tuvo el aval del propio oficialismo, que la acompañó tanto en Diputados como en el Senado. Al momento de la votación, la emergencia tuvo en la Cámara alta 61 votos afirmativos sobre 72 senadores. Dos de los más importantes del cuerpo, que son candidatos a vice, no estaban. Eran Miguel Pichetto y Cristina Kirchner. Pichetto adujo compromisos de campaña. Cristina está en Cuba visitando a su hija Florencia, que está bajo tratamiento médico.
Uno de los impulsores de la medida, el diputado Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, pidió que el Gobierno la reglamente rápidamente. «El Poder Ejecutivo debe reglamentar la Ley de Emergencia Alimentaria hoy mismo, porque los y las argentinas que tiene hambre ya no pueden esperar más», explicó. Celebró la aprobación de la norma en el Senado y destacó que “en este caso la política en su conjunto entendió la grave crisis que provocó este Gobierno y que era necesario solucionar el problema de la falta de comida en las mesas”.
El texto de la norma prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que según la Ley 27.345 sancionada en 2016 vence el 31 de diciembre este año. También faculta al jefe de Gabinete a que actualice trimestralmente esas partidas presupuestarias, tomando como la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el rubro «alimentos y bebidas no alcohólicas» y la de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC. Además, habilita al Poder Ejecutivo a «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional».
