El juez Marcelo Martínez de Giorgi adelantó para el domingo las declaraciones indagatorias a los 30 detenidos durante los incidentes del viernes en la Plaza de Mayo, a quienes se les imputan los delitos de «intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad», tras el acto que reclamó la aparición con vida de Santiago Maldonado.
Según informaron a la agencia Télam fuentes judiciales y de la Coordinadora de Acción contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el magistrado adelantó las indagatorias para mañana a las 8 horas, en los tribunales de Comodoro Py.
En una rueda de prensa, la Correpi denunció que los 30 detenidos «no pudieron ser vistos ni por sus familiares ni por los abogados» y están incomunicados por orden del juez Martínez de Giorgi, acusados de «intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad».
En un principio, las declaraciones de los detenidos estaban previstas para el lunes a la mañana, momento hasta el cual permanecerían incomunicados. «Denunciamos que no hemos podido ver a los detenidos y que por las evidencias que se muestran en las redes fueron bestialmente golpeados y atacados con agresivos químicos mucho más poderosos que los gases lacrimógenos», denunció la abogada María del Carmen Verdú en la rueda prensa.
La dirigente explicó que, luego de los incidentes, los detenidos por las fuerzas de seguridad «estaban en principio, presos por un delito contravencional de daños, pero luego se convirtió, por algún llamado de alguien, en un delito federal con la intervención del juez Martínez Giorgi que los mantendrá detenidos hasta el lunes».
Antes de que se conociera el adelantamiento de las indagatorias para mañana, Verdú exigió que «el juez comparezca en la comisaría para que los abogados podamos proceder formalmente y podamos pedir su excarcelación».
Hasta el momento, ninguno de los detenidos pidió la excarcelación. La dirigente reportó que entre los detenidos hay varios trabajadores de prensa de medios alternativos (como Antena Negra) que fueron «cazados en un ataque deliberado, porque sus trabajos sirven como insumo para hacer las denuncias y para no permitir que mientan cuando reprimen».
También entre los detenidos está José Morales, docente de la Escuela Popular Latinoamericana de la localidad de Burzaco, alojado en la Comuna 15 y a quien los abogados de Suteba no pudieron ver.
Por su parte, Alejandrina Barry (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) definió el accionar policial como una «cacería de brujas»; Claudia Ferrero (Asociación de Profesionales en Lucha) dijo que «quisieron correr el eje del reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado».
Marcelo Ramal (Partido Obrero-FIT) y el abogado Rodrigo Iglesias denunciaron que «el comisario nunca nos atendió y las cuatro veces que llamamos al juez no nos atendió».
