La Cámara de Diputados concluyó el año parlamentario sin sancionar al menos una veintena de proyectos económicos y sociales, debido a la falta de acuerdo político entre el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC), entre los que figuran iniciativas de creación de universidades, moratoria previsional, reformas de la ley de Lavado de Dinero y de promoción de Agroindustria, entre otras.
De esta manera, el cuerpo legislativo, que desde agosto es presidido por Cecilia Moreau, trataría estos proyectos en el próximo año parlamentario, que se inicia el 1° de marzo, o en febrero, si el Gobierno habilita las sesiones extraordinarias.
Las dificultades para avanzar en la sanción de estas iniciativas se deben a la paridad extrema que existe en la Cámara: la bancada del FdT, encabezada por Germán Martínez, tiene 118 legisladores, y el interbloque de JxC -cuyos principales referentes son Mario Negri y Cristian Ritondo- tiene 116, lo que dificulta la realización de las sesiones porque, para alcanzar el quórum, el oficialismo debe recurrir a aliados para alcanzar los 129 diputados.
También se le complicó este año al oficialismo alcanzar consensos con el Interbloque Federal, que tiene ocho legisladores, aunque tuvo el respaldo de cinco diputados que responden a las administraciones provinciales de Misiones, Río Negro y Neuquén.
Sin el número, el Frente de Todos decidió avanzar con una sesión en minoría en la cual no se puede votar pero sí hacer discursos para dejar sentadas sus posiciones políticas.
La importancia de la ley de lavado de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo se debe a que el próximo año se llevará a cabo una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
Otra iniciativa que quedó pendiente es el proyecto de moratoria previsional que contempla la implementación de un nuevo plan de pago de deuda para aquellos ciudadanos que tienen la edad para jubilarse, pero no tienen los 30 años de aportes, y para los que tengan faltantes.
Hasta fin de año tiene vigencia una moratoria previsional para las mujeres, pero con esta nueva ley se podrá mantener este sistema e incorporar a los hombres para que también puedan acceder a un plan que les permita alcanzar los 30 años de aportes y acceder a una jubilación mínima.
El oficialismo buscó sancionar estas iniciativas el miércoles pasado, pero no alcanzó el quórum ya que JxC, el Interbloque Federal y las dos bancadas de derecha decidieron no asistir con el argumento de que no se había consensuado el temario de esa reunión del pleno legislativo.
Otra iniciativa que no se aprobó fue la creación del Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI con dinero fugado al exterior, que se constituirá en dólares estadounidenses y tendrá vigencia hasta concluir el pago con ese organismo internacional, y que tenía media sanción del Senado.
Ahora se aguarda que el Gobierno envíe al Congreso el proyecto de blanqueo de capitales que diseña el Ministerio de Economía y que permitirá al Poder Ejecutivo destinar un porcentaje de esos recursos al pago de la deuda con el FMI, apuntalar las pymes, el programa de becas Progresar y solventar obras de infraestructura energética.
De acuerdo al borrador de esta propuesta, se establece que se destinará el 20% de los recursos a un fondo específico a crear para el pago de obligaciones con el FMI; un 20% a las Pymes; 20% a las becas Progresar y un 40% a programas y proyectos de la Secretaría de Energía para exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural.
Otro tema que monopolizó el debate en este año parlamentario fue la reforma ley de Alquileres que promovió la oposición, pero que luego tampoco llevó al recinto porque algunos de los cambios propuestos por JxC, Federales y Provincias Unidas fueron perdiendo respaldo de bloques provinciales que no estaban convencidos de permitir la actualización cada tres meses, en la actual situación inflacionaria.
Tampoco se avanzó con la ley de Humedales, que busca establecer presupuestos mínimos para proteger los humedales, por la falta de acuerdo entre los legisladores de diversos espacios políticos.
