Durante el 142° discurso inaugural de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei convocó – el 25 de mayo, en Córdoba – a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a la firma de un nuevo pacto “fundacional” para Argentina, que consta de un acuerdo de diez puntos que el Poder Ejecutivo pone sobre la mesa. Ese anuncio fue en los últimos minutos de un mensaje presidencial cargado de críticas a la oposición.
Según dijo, la firma conjunta del llamado “Pacto de Mayo” estará sujeta a la aprobación de la “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y a un nuevo Pacto Fiscal; eje de conflicto con las provincias
Como primer paso, y después de las primeras repercusiones, el mandatario convocará a los gobernadores la semana próxima a Casa Rosada, a fin de avanzar con los lineamientos propuestos.
Además, Milei enumeró una serie de proyectos que enviará al Congreso, Se trata de un «paquete anticasta» que servirá para «terminar con los privilegios de la política y sus amigos».
Entre otras cuestiones, impulsa la eliminación de jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes. Avanzó también sobre el sector privado cuando mencionó que el Gobierno obligará a sindicatos «a elegir autoridades de forma periódica supervisados por la Justicia Electoral, con una sola reelección posible, y los convenios colectivos específicos primarán sobre convenios colectivos del sector».
Las iniciativas contemplan que los convenios colectivos específicos que realicen en asociación libre los trabajadores de una empresa o grupos de empresas primarán por sobre los convenios colectivos del sector.
En una fuerte señal a sus antecesores, propone que las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatas en las elecciones nacionales. Además, todo ex funcionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario.
Con la mira en el Poder Legislativo, en el proyecto induce a reducir drásticamente la cantidad de contratos para asesores de diputados y senadores.
Se descontará la jornada de trabajo a los empleados del Estado que hagan paro. Y busca la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos, que apareja prácticas cuestionables, aunque a la vez que posibilita que espacios con menores recursos puedan competir en elecciones.
Entre los puntos del proyecto propone penalizar por ley al Presidente, al ministro de Economía, a los funcionarios del Banco Central y legisladores que aprueben un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria.
