El ejercicio 2016 de la Municipalidad de San Martín fue aprobado por 15 manos del bloque oficialista San Martín para la Victoria y los aliados peronistas Verónica Jalil, Olga Centurión y José Quiroga. Mientras, los seis integrantes del interbloque Cambiemos se opusieron señalando subejecuciones en áreas sensibles. Estuvieron en sintonía con esos cuestionamientos Hernán Letcher (Frente para la Victoria) y Pablo Cristani (UCR- UNA), pero absteniéndose de votar. Por otro lado, la edil Mabel Camerota (Frente Renovador) se ausentó en el momento de la votación.
Con presupuesto para 2016 de 3400 millones de pesos, la Comuna gastó poco más de 3100 millones, dejando como resultado un superávit de 300 millones. Sin embargo, los concejales opositores pusieron la lupa en que el resultado favorable se debió a subejecuciones en áreas críticas.
Verónica Dalmón había firmado en soledad un despacho en minoría rechazando la Rendición, en representación de Cambiemos amplió los señalamientos. «Son subejecuciones en secretarias que no deberían tener saldo positivo, deberían estar en cero, son las más reclamadas por nuestra sociedad», y enumeró los detalles en Seguridad, Desarrollo Social y en Financiamiento Educativo.
«En el tema de Seguridad Pública, si analizamos las metas con el convenio con la Policía de Buenos Aires hubo un desvió de casi 50% en la carga de combustible como en la reparación de móviles», puntualizó. «Respecto del programa de Protección Ciudadana, una cuenta afectada, existe un superávit de casi 5 millones de pesos ¿Cuántos móviles de seguridad, personal y cámaras se podrían haber contratado?», cuestionó.
Su par Antonio Mazza, cuyo Partido Fe ahora está en el interbloque macrista, fue sintético. «La Secretaría de Hacienda parece un estudio de arquitectura, porque lo único que hace es dibujos».
Los ediles de Cambiemos insistieron en la falta de acceso a la información pública y la carencia de respuesta de los funcionarios del Ejecutivo. En este sentido, presentaron un proyecto de Ordenanza para que todos miembros del Cuerpo Deliberativo tengan acceso al sistema RAFAM, que permite observar de modo directo las cuentas municipales.
En cambio, el kirchnerista Letcher, como años anteriores, se abstuvo de votar. «Es una Rendición sustancialmente más ajustada a la realidad que las anteriores», apreció. Pero acto seguido detalló cuestionamientos, como la subejecución del Fondo Educativo, «que afecta el estado edilicio de los establecimientos. Pero la verdad que no me dan los números de los gastos de ese Fondo, y sólo 17 millones se destinaron a infraestructura. Hay una deuda pendiente allí».
Denunció la falta de fondos para las políticas de prevención de la violencia de género, en un distrito que fue noticia por femicidios como el de Araceli Fulles.
Pablo «Pichi» Cristani, por parte, acusó la falta de atención por parte de los funcionarios del Ejecutivo cuando intentó despejar dudas sobre la Rendición de Cuentas, al punto que por «falta de información» resolvió no votar.
REPUDIO GENERALIZADO AL 2 X 1
En las sesiones ordinarias 2 y 3 unificadas el tema de debate fue el reciente fallo de la Corte Suprema que benefició al genocida Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad en la zona oeste del Conurbano.
Todas las bancas del Concejo Deliberante sanmartinense coincidieron en repudiar la medida judicial, en consonancia con amplios sectores de la opinión pública y el freno que impuso el Congreso.
Más allá de la unanimidad, las diferencias partidarias salieron a flote. Cuando desde su bancada unipersonal Olga Centurión leyó una carta llamando a todos a unirse a la marcha en Plaza de Mayo, también consideró que la detención de Milagro Sala es una violación de los derechos humanos de parte del macrismo.
Al sentirse aludidos, desde Cambiemos respondieron que «se trata de utilizar políticamente un tema tan sensible y nos quieren excluir. Somos los primeros que reivindicamos los derechos humanos».
