El conflicto laboral protagonizado por la multinacional PepsiCo y los 600 trabajadores de su fábrica en Florida, Vicente López, atraviesa momentos culmines. El fiscal Gastón Larramendi solicitó el viernes ante el Juzgado de Garantías n°3 de San Isidro el desalojo de la toma que parte de los obreros mantiene en la fábrica desde el 26 de junio.
Apremiados porque el plazo de respuesta es de 72 horas, el cuerpo de delegados de la comisión interna y sus representantes legales acudieron este lunes ante la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty para solicitarle que no de curso al pedido.
Camilo Mones, uno de los delegados que participó de la reunión en los tribunales, informó que «a la magistrada le dijimos que esto es un conflicto laboral, le indicamos que no tiene competencia, porque la empresa quiere usar el fuero penal para distorsionar el lockout ofensivo con el que cerró la planta. Le dijimos que la empresa no tiene un problema económico, sino que tomó una determinación de índole política y laboral».
En este sentido, la comitiva de trabajadores le dejó a Rodríguez Mentasty las pruebas de lockout y el escrito que ya habían presentado a la jueza federal Arroyo Salgado. Mones también sostuvo que cuentan con jurisprudencia a favor en otros conflictos laborales, donde los jueces penales desistieron y pasaron la causa al fuero laboral.
Sin embargo, como la magistrada tiene 72 horas para expedirse sobre la medida cautelar de Larramendi, el delegado expresó: «Le dijimos de parte de los trabajadores que vamos a permanecer dentro de la planta, resuelva lo que resuelva». Por eso, si da la orden de desalojo «vamos a estar adentro» en el momento que arribe la fuerza pública.
En un comunicado posterior, la Comisión Interna amplió que «en la entrevista, la jueza se negó a otorgar las garantías mínimas que no llevará adelante un desalojo violento» e informó que el martes a la mañana se movilizarán a los Tribunales de Ituzaingó 340.
La firma PepsiCo dejó sin trabajo el 20 de junio a casi seiscientas familias empleadas en la planta de Florida, pero un grupo encabezado por la comisión interna, tomó las instalaciones de Roca y Posadas seis días después. Una gran proporción de la mano de obra despedida son mujeres, muchas mayores a 40 años y algunas madres, que deben quedarse con sus hijos pequeños en la toma.
Acompañan la medida de fuerza miembros de organismos de Derechos Humanos, como la nieta recuperada Victoria Moyano, quien advirtió que “si los trabajadores van a estar dentro de la fábrica, nosotros vamos a quedarnos con ellos, los hijos y las hijas, junto con las Madres de Plaza de Mayo». «Tendrán que tomar la decisión política de reprimir no sólo a los trabajadores sino también a nosotros», desafió.
Por su parte, los dirigentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Néstor Pitrola, Christian Castillo y la diputada nacional de esa fuerza Natalia González manifestaron su apoyo a los obreros. «Llamamos a rodear la planta con el movimiento popular, esperando el desenlace que se tiene que dar en estas horas. Y le reclamamos al sindicato (STIA) hacer un paro, porque se pone en juego todo el movimiento obrero», pidió el precandidato a senador nacional.
CONTRAATAQUE CON DENUNCIA FEDERAL
Por otro lado, la Comisión Interna presentó ante la Justicia Federal de San Isidro una denuncia de lockout patronal, que ahora está en manos de Sandra Arroyo Salgado. El lockout, o cierre patronal, está tipificado como delito en el artículo 158 del Código Penal argentino.
«Mostramos en la denuncia el vaciamiento de los puestos de trabajo, el cierre de líneas de producción desde 2014. Es un plan sistemático de la empresa, no un problema económico», detalló Camilo Mones.
«La empresa está en condiciones de producir», insistió el sindicalista. Los despedidos sostienen que la fábrica ubicada en Florida funcionó hasta el 19 de junio, que se hicieron millonarias inversiones en infraestructura meses antes, y que la multinacional alimenticia dio millones de pesos de ganancia en Argentina el año pasado. Por eso afirman que se trata de «un cierre fraudulento», rechazaron el Preventivo de Crisis que alegó la firma ante el Ministerio de Trabajo y apuntan que se retomará la producción con personal precarizado. Mientras, a las góndolas de Buenos Aires llegan con el sello «Industria chilena» las papas fritas que antes se fabricaban en el Conurbano.
