La Corte Suprema anuló el aumento del gas para los usuarios residenciales. El tribunal, por unanimidad, resolvió que para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio. Es un tema central, porque el Gobierno aseguraba que las audiencias ya se habían realizado en 2014, cuando el kirchnerismo aprobó el último ajuste tarifario.
Además, el fallo que lleva la firma de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti confirma la sentencia apelada en cuanto declara la nulidad de las resoluciones cuestionadas. Esto es, ratifica el fallo de la Cámara Federal de La Plata que, a su vez, avaló una resolución de un juez de esa ciudad que frenó la suba del gas en todo el país.
Sin embargo, la decisión se circunscribe al colectivo de los usuarios residenciales, aclararon en la Corte Suprema. Respecto de ellos, «las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento dispuesto por las resoluciones que se invalidan», señalaron fuentes del tribunal. Una aclaración del fallo es que se mantiene la vigencia de la tarifa social.
«Se pone en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación», agregaron las mismas fuentes, que señalaron que en el fallo «se recuerda a los tribunales el riguroso cumplimiento de la acordada de la Corte Suprema de Justicia sobre procesos colectivos».
La resolución es clave para el Gobierno, que enfrenta con las tarifas una de sus crisis políticas más agudas: la oposición aprovechó el debate sobre el tema para hacer pagar costos a la administración de Mauricio Macri haciéndola aparecer como distante del costo social de la medida.
El propio Presidente tuvo que hacerse cargo de la decisión, y responder que hay «algunos que quieren poner palos en la rueda», refiriéndose al tema, y agregar que conocía el costo para la población del tema. Según el Gobierno, el costo de no asumir los ajustes tarifarios era «terminar siendo Venezuela».
La cuestión llegó a la Corte Suprema luego de decenas de amparos judiciales planteados en todo el país. Pero fue un caso presentado en La Plata, que pasó a la Cámara Federal de esa ciudad, y que había bloqueado el nuevo cuadro tarifario, el que entró en el Máximo Tribunal.
Para la Corte tampoco fue sencilla la resolución, dado el impacto político que implicaba. Registraron, por caso, las declaraciones del ministro de Energía, Juan José Aranguren, días atrás, quien dijo que «sería muy grave» un fallo en contra del cuadro tarifario por parte del Tribunal. «Es parte de la tensión habitual», dijeron en la Corte. Pero en su propio seno hubo tironeos. Tanto que se rompió una regla habitual, que indica que un magistrado escribe un fallo y luego el resto va agregando sus opiniones y correcciones hasta llegar a un consenso. Aquí cada uno de los cuatro jueces escribió su propia resolución y desde el lunes hasta hoy a la mañana trabajaron en buscar un acuerdo, aunque el fallo finalmente salió por consenso.
LA ELECTRIIDAD EN LA MIRA
A tono con la postura expresada en la conferencia de prensa que encabezó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, integrantes del Gobierno buscaron minimizar el impacto del freno de la Corte Suprema al aumento del gas para los usuarios residenciales. Pero de inmediato los funcionarios comenzaron a moverse a evitar otro golpe con las tarifas de luz.
Los miembros del Máximo Tribunal se abocarán a los incrementos en la electricidad y también le girarán el expediente a la procuradora Alejandra Gils Carbó, para que emita un dictamen.
El Gobierno avanzará en la convocatoria a una audiencia pública antes del nuevo pronunciamiento de la Corte, adelantó uno de los dirigentes de confianza de Mauricio Macri, con el objetivo de ganar tiempo y evitar un nuevo costo político. “Hay preocupación por el tema de la luz, también es mucha plata y tenemos que corregir antes de que lo marque la Corte. Con audiencias públicas, el planteo deviene abstracto”, coincidieron otro funcionario en privado.
Martina Forns, jueza federal de San Martín, ordenó suspender los aumentos en las tarifas de electricidad aplicados en febrero. El caso es diferente al del gas, porque el Gobierno nacional tiene jurisdicción sobre las concesiones de Edenor y Edesur -con servicios en la Capital y el Gran Buenos Aires- y en el resto del país depende de las provincias, aunque uno de los principales sustentos del fallo de Forns fue la falta de audiencias públicas previas al incremento tarifario.
