El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se reunió este martes con el fiscal General de San Martín, Marcelo Lapargo, para conocer los avances de las investigaciones relacionadas con las falsas amenazas de bombas y trabajar coordinadamente para el esclarecimiento de los hechos.
A la fecha investigan 143 llamados realizados al 911 y hay más 20 presuntos autores identificados (14 menores de edad ya fueron citados a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil).
En los últimos 60 días, la Justicia realizó siete allanamientos en Tres de Febrero y dos en San Martín y se libraron oficios por los llamados. En cada caso solicitaron detalles y origen de llamadas y se analizan los audios. De las personas individualizados por los hechos, un joven de 17 años resultó privado de su libertad por 5 días, y el resto serán citados a la sede de la Fiscalía para tener entrevistas con trabajadoras sociales.
También se libraron oficios a la sección Tecnologías Aplicadas a la Investigación en Función Judicial, a través de la Delegación Departamental de Investigaciones, para solicitar a las compañías telefónicas información de titularidad, cruce de llamadas y listados de llamadas entrantes y salientes de los 30 celulares secuestrados por la Justicia.
Por su parte, la Municipalidad evalúa cuantificar los gastos que estas falsas alarmas generan al erario público (en movimiento de equipos de seguridad, emergencias y defensa civil), y avanzar legalmente con reclamos civiles a los padres de los menores, quienes pueden ser considerados responsables de las acciones realizadas por sus hijos.
La problemática de las amenazas es un fenómeno que se da en el seno de la comunidad educativa y cuyos protagonistas son mayoritariamente adolescentes en edad no punible. Para el fiscal Lapargo, “un enfoque óptimo de la problemática exigiría sea asumida con la gravedad que tiene por la comunidad educativa en pleno, por las autoridades a cargo del sistema escolar y por los padres”.
Valenzuela, por su parte, convocó a las madres, padres y docentes de adolescentes a conversar con ellos sobre las consecuencias de este tipo de acciones en lo cotidiano, en el futuro de cada joven y en el de la Argentina. “Ante la complejidad del problema, los adultos debemos trabajar en la familia y en la escuela para educar sobre lo que es importante a nivel humano y comunitario: ciudadanía y derechos, responsabilidad, diálogo, son valores del cambio cultural que necesita la Argentina. Los alumnos deben saber que con estas actitudes generan un daño muy grande a la comunidad educativa”, remarcó.
