Vinculan a Marcelo Locatti con una red de trata de personas

El político y su hijo están prófugos, y fueron declarados en rebeldía. Según surge de la investigación, la organización explotaba dos prostíbulos en Flores.

A instancias de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional N°5 y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), el Juzgado Federal N°7 dispuso el procesamiento de siete personas – dos de ellas con prisión preventiva – acusadas de conformar una organización dedicada  a la trata de personas con fines de explotación sexual, actividad que tenía como epicentro el funcionamiento de dos prostíbulos en el barrio porteño de Flores.

La resolución del juez Sebastián Casanello estableció, además, una serie de medidas cautelares de orden patrimonial, entre ellas el embargo con fines de decomiso de los mencionados locales y los inmuebles linderos, donde se consumaba la explotación. Por último, el magistrado decretó la rebeldía de dos de los principales involucrados y, en consecuencia, mantuvo vigente la orden de captura local e internacional oportunamente dictada. Dos de ellos son los tresfebrerenses Marcelo Locatti y su hijo.

La causa tuvo su origen en comunicaciones anónimas recibidas en marzo de 2017, a través de la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). En ellas se denunciaba la existencia y funcionamiento de un prostíbulo denominado “Lola” en Juan Bautista Alberdi al 3100, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde a las mujeres se les exigía – bajo presiones y amenazas – acompañar a los clientes/prostituyentes para que consuman alcohol y, luego, para mantener relaciones sexuales en un albergue transitorio ubicado a escasos metros, que trabajaba vinculado al mencionado local.

La instrucción de la causa quedó delegada en la Fiscalía Federal N°5, a cargo de Franco Picardi, quien contó con la colaboración de los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, cotitulares de la Protex. El trabajo conjunto permitió una mirada integral sobre un conjunto de causas de larga data que permitió delinear la existencia y funcionamiento de una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad.

El 13 de marzo pasado, los fiscales presentaron un dictamen con los resultados de la investigación, y requirieron una serie de allanamientos, clausuras, detenciones y declaraciones indagatorias. Señalaron que se encontraba acreditada la existencia de dos prostíbulos – el mencionado “Lola” y otro ubicado en Varela 64, denominado “Victoria” (ex “Lulú”) – en los que se habría explotado sexualmente al menos a 65 mujeres, presumiblemente desde hace una década.

En cuanto al funcionamiento y la estructura jerárquica de la organización, la pesquisa identificó en el nivel superior a cuatro individuos, dos hombres y sus hijos, como los líderes de la banda e indicaron que, para que sus nombres no figuren directamente vinculados a los domicilios investigados, utilizaron a “encargados/as”, que tenían como misión ser la cara visible en los locales.

Los fiscales señalaron asimismo la presunta protección policial que habría facilitado y respaldado el funcionamiento de los prostíbulos. En esa línea existen intercepciones telefónicas que dan cuenta de supuestos “arreglos con los de la Brigada” y, más aún, otra conversación hace referencia a la llegada de dos integrantes de la fuerza policial para advertirle a un encargado de uno de los prostíbulos “que saquen a las pibas que tienen encanutadas”. De hecho, los locales recientemente clausurados habían sido inspeccionados en reiteradas oportunidades. En una de ellas, en diciembre de 2012, el procedimiento permitió liberar a una mujer de nacionalidad peruana que se encontraba encerrada.

Por otra parte, la organización contaba con vinculaciones en el ámbito político. Uno de los indicados como líder de dicha red, Marcelo Gregorio Uscheroff, fue funcionario público de la Municipalidad de Tres de Febrero hasta 2018, cuando fue separado de la gestión. En el ámbito político milita en la UCR, partido que evalúa qué medidas adoptar, y utiliza el alias “Marcelo Locatti”. Actualmente, tanto él como su hijo se encuentran con pedido de captura.

El juez Casanello dictó el procesamiento con prisión preventiva de Gustavo Medina y su hijo Jonathan  como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, por la intervención de tres o más personas y por concurrencia de tres o más víctimas. Los restantes acusados fueron procesados bajo la misma figura pero en calidad de partícipes necesarios.