Durante la sesión de este viernes, el Senado convirtió en ley al proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas, que apunta a moderar los efectos de la pandemia de coronavirus Covid-19 y está destinado a los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.

Con 42 votos a favor, 26 en contra y ninguna abstención, el Senado convirtió en ley el llamado «impuesto a la riqueza». La norma crea, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario y obligatorio, y se encuentran alcanzadas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior.

Durante la discusión se repitieron los argumentos escuchados en Diputados: los legisladores oficialistas argumentaron que la recaudación de este nuevo tributo permitirá atender los efectos de la pandemia y solo afectará a un universo acotado de contribuyentes. La oposición, en cambio, advirtió que se trata de un «impuesto confiscatorio» que obstaculizará las inversiones empresarias.

El tributo pretende recaudar 300 mil millones de pesos. El nuevo gravamen afectará los patrimonios de personas humanas a partir de los 200 millones, con una alícuota progresiva se elevará al 2,25% en casos de fortunas entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones de pesos y al 2,75% a los patrimonios entre los 600 a 800 millones de pesos. La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 y 1500 millones de pesos, al 3,25% para fortunas de 1500 millones a 3000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5%.

El proyecto determina también que por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% sobre la alícuota que le correspondería; pero si la persona trae el 30% de sus tenencias financieras que tienen declaradas afuera, el diferencial se elimina y paga por todo como si lo tuvieran en el país. De acuerdo a las estimaciones de la AFIP, el tributo afectará un universo de casi 12 mil contribuyentes.