Comisarías colapsadas, responsabilidad penal juvenil, problemáticas ambientales. Los integrantes del Foro de Seguridad 3 de Ituzaingó y otros vecinos de Villa Udaondo y Parque Leloir esperaban a German Garavano munidos de inquietudes y pedidos. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Nación respondió estas y otras consultas en el encuentro realizado en Parque Leloir Asociación Civil (PLAC).
La actividad fue concertada por el titular de PAMI de Ituzaingó, Gabriel Pozzuto, en la que participaron diversas autoridades y referentes del distrito. El Ejecutivo municipal no quiso quedarse afuera y envió al secretario de Gobierno, Alfredo Almeida. También asistieron el presidente del bloque Cambiemos en el Concejo Deliberante, Gastón Di Castelnuovo, y la presidenta de la UCR local, Rosana Galassi.
MANO A MANO
El Foro de Seguridad 3 de Ituzaingó aprovechó el encuentro con el ministro para acercarle inquietudes y pedidos. «Estamos preocupados porque las comisarías de la zona están alojando a más detenidos de los que pueden mantener. Y mucho personal permanece para custodiarlos. Pero si los detenidos fueran trasladados a las unidades carcelarias más cercanas podrían salir esos agentes a las calles a cuidar el barrio», sugirieron los vecinos.
Garavano compartió la preocupación por el exceso de detenidos, pero a su vez detalló que el crítico estado de las cárceles bonaerenses incluye un alto nivel de internos sin sentencia. Pero no los dejó sin respuesta: «Estamos trabajando con la provincia de Buenos Aires en un nuevo sistema de alcaldías. Y firmamos con la gobernadora Vidal un convenio por el cual vamos a aportar 500 millones de pesos para finalizar las cárceles de Lomas de Zamora y de Campana», anunció.
Otro de los planteos que la concurrencia hizo al funcionario nacional fue sobre la problemática ambiental, siendo una de los principales objetivos de PLAC y otras entidades vecinales preservar a Parque Leloir y Villa Udaondo como Área Ecológicamente Protegida. «Los que contaminan o dañan el ambiente sólo tienen que pagar una multa irrisoria», se quejaron algunos vecinos.
«Estamos trabajando a nivel latinoamericano con una red de fiscalías de delitos ambientales, pero lamentablemente no contamos con penas para lo que podemos llamar delitos ambientales», reconoció Garavano. Y se comprometió a que en la próxima reforma del Código Penal aborde este aspecto.
Alfredo Almeida, por su parte, también se llevó una promesa. El secretario de Gobierno de Ituzaingó advirtió al ministro que el distrito carece de una delegación del Registro Nacional de Reincidencia. «¿Ustedes qué me ofrecen?», retrucó el ex fiscal. «El local y los empleados», respondió Almeida. «Bien, ahora le estoy mandando por Whatsapp a José Guerrero lo que me ofrecés (director del Registro de Reincidencia) y coordinamos». Gestión en vivo y directo.
ALTOS NIVELES DE IMPUNIDAD
Sin embargo, Garavano se explayó con un diagnóstico de fondo sobre los problemas de la Justicia. «Argentina es un país con muy alto nivel de impunidad. Cuánto más complejo es el delito, más bajo es su costo y aún más baja es su pena. Delinquir en Argentina casi no tiene costos», reflexionó. «Sólo uno de cada cien delitos tiene un condenado», apuntó.
«Nuestra estructura judicial tiene dos siglos y en esencia no se modificó. No hemos cambiado la forma de trabajo desde mediados del siglo XIX. Si, además, no cambiamos la forma en que se genera la prueba estamos en una encerrona», advirtió.
Para salir del atolladero, el ministro sostuvo que viene desarrollando el Programa Justicia 2020, que incluye por un lado garantizar el acceso al poder judicial y a derechos, en particular con problemáticas como la violencia de género y trata de personas.
Por el otro, reformar la justicia civil y la penal. «El presidente Mauricio Macri designó una comisión de juristas para reformar el Código Penal, que está próximo a cumplir cien años, y tiene más de 900 enmiendas». Se trata de una reforma estructural que incluiría penas más altas para delitos de funcionarios públicos y trasparentaría las cuestiones de las reincidencias, entre muchas otras. Para el año 2018, estimó Garavano, la reforma llegaría al Congreso Nacional.
ADOLESCENTES, IMPUTABLES DESDE LOS 14
También informó, «vamos a proponer una baja para algunos delitos muy graves. Que los jóvenes de 14 años que cometan homicidios dolosos sean considerados imputables, y que a partir de los 15 años sean imputables de violación de otros delitos como los seguidos de muerte». Defendió la propuesta sosteniendo, «tiene que ver con las edades de maduración».
«La ley va a estar terminada para junio o julio, y va a ser puesta en discusión. Reemplazaría la norma vigente desde la dictadura», estimó.
