El estatuto de los trabajadores municipales de San Martín fue firmado por ATE, así como por el resto de las organizaciones gremiales locales. Los estatales, conducidos por Pablo García, ponderaron el proceso de discusión, ya que lograron reconocimientos en carrera laboral, capacitación y género, entre otros aspectos. La normativa pasará por el recinto del Concejo Deliberante en diciembre, tras lo cual la Comuna y los gremios deberán discutir un convenio colectivo.
Ángel Catapano, secretario Gremial y representante del sindicato en las reuniones por el estatuto, dialogó con Guía de Noticias. “Esta normativa permitirá prestigiar al trabajo municipal y dignificar al trabajador”, resaltó. En la mesa de discusión ATE empujó 15 modificaciones en aspectos del borrador presentado por el gobierno de Gabriel Katopodis. ATE destacó la apertura de la gestión municipal en el diálogo y la convergencia de las entidades sindicales.
Por caso, Catapano remarcó que “crea una comisión de interpretación, trato y oportunidades que permitiría que todos los trabajadores municipales tengan el mismo trato y no dependan del ´dedo´ para ascender”.
Al respecto, Selva Núñez, flamante secretaria de la Junta Interna, destacó que “los compañeros tendrán voz y voto en las calificaciones y los concursos”. “Creemos que ahora pueden mejorar las condiciones de trabajo”, agregó.
El secretario Gremial detalló otras modificaciones admitidas por la Comuna: “Aceptaron la guardería infantil, la cual es importante porque los compañeros también son padres y madres y tienen derecho a que los hijos estén cuidados. También logramos la extensión de la licencia de paternidad a 15 días; que haya respeto por la diversidad de género con igualdad de oportunidades; y obligamos al cumplimiento con la ley de discapacidad”, enumeró.
Además, dijo, “logramos que el municipio asuma la obligación de capacitar y formar de manera permanente a sus trabajadores, lo cual hará posible la profesionalización”.
Por otro lado, un punto crítico es la carrera de los profesionales de la salud. En este aspecto Catapano informó que el flamante estatuto reconoce a los médicos, farmacéuticos y bioquímicos. Los médicos, aun si son docentes universitarios, ganan en San Martín desde 20 mil pesos, un piso que los trabajadores exigen elevar. La enfermería quedó afuera del esquema, pero ATE reclamará su reconocimiento en el convenio colectivo.
Otro punto polémico es la igualación de los empleados de planta y los contratados. “Logramos incorporar un reconocimiento y una equiparación salarial de los compañeros que no tienen la culpa de ser contratados. El Estado empleador tiene la obligación de no precarizar”, reclamó el dirigente.
PROBLEMAS SALARIALES EN EDUCACIÓN
El año que cierra, los trabajadores de la educación han tensado la cuerda con el gobierno de María Eugenia Vidal. La Asociación de Trabajadores del Estado, que representa a los auxiliares, rechazó la última oferta de un 20% en sintonía con el Frente de Unidad Docente.
Para José Alberto González, secretario General de la Junta Interna de Educación, apuntó ante este medio que “el acuerdo paritario firmado por la gobernadora significará para nosotros una pérdida del 12% del salario en 2019, una suma similar a la que perdimos este año”. Por el contrario, “pedimos un incremento mínimo del 20% para igualar la inflación y que se liquide en diciembre para arrancar el año con otra discusión”. En otro orden, lo trabajadores provinciales recibirán un bono de 7 mil pesos, pero aún no hay definición sobre si el pago será en uno o dos tramos.
Sin embargo, un reclamo constante de los auxiliares que ejercen suplencias es la liquidación de sus salarios en tiempo y forma. “Hay atrasos al momento de registrar las licencias y entonces los suplentes, si no nos movemos, demoran meses en cobrar”, destacó González.
Alejandra Campos, secretaria Adjunta de Educación, alertó que cerca de mil suplentes “podrían cesar el 31 de diciembre. Quedarían sin trabajo al menos por enero y febrero hasta los actos públicos de marzo”. Todavía no hay información oficial sobre una medida que el año pasado fue resistida por los gremios y Provincia tuvo que retrotraer.
