El martes pasado, luego de años de ser excluido de la agenda parlamentaria, empezó el debate por la legalización del aborto en un plenario de comisiones. Artistas, médicos, militantes y juristas especializados, a favor y en contra, tuvieron la posibilidad de exponer sus argumentos.
En diálogo con Guía de Noticias, Nicolás Lafferriere, doctor en Ciencias Jurídicas, director del Centro de Bioética y disertante durante la primera jornada, elogió el nivel del debate: “Me parece que fue ordenado, respetuoso de los tiempos y con un complemento interesante en el espacio de preguntas y respuestas”, dijo, a la vez que de acuerdo con su postura entendió que “las intervenciones en contra de despenalizar el aborto procuraron responder mejor a las objeciones que se le formulan y desarticular los argumentos de quienes lo promueven”.
Si bien hay diez proyectos de ley presentados, el que tiene más consenso y avanza con más firmeza es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que lleva como primera firma la de la diputada por Libres Del Sur Victoria Donda, pero es acompañado por 71 legisladores más.
La iniciativa propone, a través de 13 artículos, despenalizar el aborto hasta la semana catorce de gestación y derogar los que actualmente lo criminalizan: el 85 inciso 2, el 86 y 88 del Código Penal.
Natalia de la Torre, abogada, profesora de Filosofía y asesora de la diputada Analía Rach Quiroga, entiende que uno de los puntos que más controversia genera es el acceso por parte de las menores de edad.
En ese sentido, el proyecto de la Campaña Nacional establece que a partir de los 13 años quienes quieran acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, no necesitarán del consentimiento de los padres o adulto responsable para llevarlo a cabo, pero la especialista recuerda que “hay otros proyectos, como el de Daniel Filmus, que adecuan la norma al Código Civil, esto significa que entre los 13 y 16 años si hay un tratamiento invasivo la niña debe ser autorizada por un mayor”.
Otro de los matices en discusión es la objeción de conciencia, es decir la posibilidad de los profesionales de la salud de negarse a llevar adelante la práctica. Si bien la propuesta que lleva la firma de Donda no la prohíbe expresamente, exige a las autoridades de cada establecimiento asistencial garantizar la realización del aborto.
Lafferriere rechazó de plano la idea: “Es un derecho constitucional que está recogido en varios instrumentos internacionales e incluso en el fallo de la Corte Suprema sobre aborto (caso FAL)”, a su vez cierra las puertas a que la obligación sea de cada establecimiento. “También tiene que ser reconocido para las instituciones, como hizo recientemente la Corte Constitucional de Chile”, aseguró.
Consultada por este portal, la diputada del Frente de Izquierda Nathalia González formuló un escenario incierto en caso que algún proyecto llegue al recinto. “Hay 100 diputados a favor, 100 en contra y 50 que no se han posicionado”, a la vez que entendió que aquellos que están indecisos responden a “presiones de la Iglesia o del Gobierno”, e instó a continuar con las movilizaciones populares para que se sancione la norma.
Por último, Lafferriere entiende que “el proyecto de ley de aborto libre omite considerar el problema del inicio de la vida y de esta manera introduce un quiebre en la coherencia del ordenamiento jurídico argentino”. Pero, para de la Torre, “el debate del aborto no gira en torno a si hay o no vida, porque ya hay supuestos de aborto no punible admitidos”, y concluyó, “lo que molesta en este caso es que se incorpore la decisión que una mujer pueda decir que no quiere ser madre”.
